Los fiscales anticorrupción, en la Plaça dels Patins, de Palma, a un paso de la sede de la Fiscalía. | Pere Bota

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La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada celebra una década de actividad en Balears investigando medio centenar de casos divididos en más de cien piezas separadas, con 30 dirigentes políticos y funcionarios condenados y 50 millones de euros recuperados por las arcas de Hacienda, la Comunitat Autònoma, Consell de Mallorca y Ajuntament de Palma.

Juan Carrau (delegado desde 2004), Pedro Horrach (delegado desde 2006), Miguel Ángel Subirán (delegado temporal desde 2010) y Ana Lamas (asignada por el fiscal superior, Bartomeu Barceló en 2012) son los encargados de desarrollar una carga creciente de trabajo, siempre asesorados por agentes de la Guardia Civil el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional e inspectores de la Agencia Tributaria.

Durante el mandato como fiscal general de Cándido Conde-Pumpido (2004-2011) se potenció la Fiscalía Anticorrupción, reformando el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en 2007, para otorgarle nuevas competencias, convirtiéndola en Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

En 2003, Conde-Pumpido empezó a buscar candidatos en toda la geografía del Estado para desempeñar el cargo de fiscal delegado.

En Balears, solo Juan Carrau presentó su currículum. El fiscal valenciano era, entonces, un ‘todo terreno’ y había representado al ministerio público en varias causas que apuntaban a la exalcaldesa de Calvià Margarita Nájera. También, en 1995, fue el acusador publico en el ‘caso Túnel de Sóller’, la causa que obligó al entonces presidente del Govern Gabriel Cañellas a dimitir. Por Decreto, Carrau fue nombrado fiscal delegado en Balears el 16 de diciembre de 2004, aunque a finales de 2005 tuvo que representar al ministerio público en el juicio contra ‘La Paca’.

En 2006, estallaron los casos ‘Andratx’ y la investigación contra el inspector de la policía José Gómez ‘Pepote’, participando en ambas Carrau y su compañero Adrián Salazar.

A partir de ese año, el goteo de sumarios abiertos por Anticorrupción en los juzgados de Vía Alemania ha sido imparable.