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El juez del caso Palma Arena, José Castro, ha pedido este martes a la Policía que investigue si una empresa del grupo Nimbus realizó los servicios por los que la Vicepresidencia del Govern balear le abonó 19.127 euros en abril de 2007, un mes antes de las elecciones autonómicas y municipales.

En una providencia, Castro atiende así la petición planteada por la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó que se determinara la veracidad de dos facturas, una de 8.782 euros y otra de 10.344 euros, libradas el mismo día contra el departamento autonómico de Vicepresidencia, entonces dirigido por la actual eurodiputada Rosa Estarás.

La primera de las facturas señalada por el juez se refiere a la «fabricación de la señalización del parking de la Avenida de Uruguay» y la otra responde, supuestamente, a la «impresión de ocho lonas de tribuna con el logotipo del Govern».

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Ambas fueron emitidas por Romero y Compañía, una sociedad limitada propiedad de Miguel Romero, el dueño del grupo de publicidad Nimbus.

En esta pieza del caso Palma Arena, la número 4, se investiga el presunto desvío de fondos públicos para sufragar gastos electorales del PP de cara a la campaña de 2007.

Junto a Romero está imputado el que era entonces tesorero del PP, Fernando Areal, cuñado del expresidente del Govern balear Jaume Matas, encausado en distintas piezas del caso y ya en prisión por tráfico de influencias tras resultar condenado en firme en la primera pieza que se juzgó.

El juez Castro solicita al Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior de Policía de Baleares que le aporte las conclusiones de su investigación «con la mayor celeridad posible».