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El PSIB quiere dejar lista antes del final de legislatura una nueva ley de transparencia y buen Gobierno que extienda los mecanismos de control a proveedores y contratistas de las Administraciones públicas.

Aunque los socialistas ya presentaron hace algunos meses su propuesta, ayer introdujeron algunas matizaciones y solicitaron que se tramitara por el procedimiento de urgencia.

La diputada Lourdes Aguiló presentó la propuesta y la relacionó con todo lo ocurrido con Son Espases.

La norma plantea una ampliación del control a nivel privado, como los concesionarias y adjudicatarias de servicios públicos.

Aguiló destacó que uno de los ejes de esta ley «sería la introducción de las obligaciones en cuanto a transparencia y obertura de datos, énfasis en la revisión de cuentas y previa evaluación de políticas públicas».

Comisión

«Todo esto se vincularía a un órgano de control externo vinculado al Parlament a través de la Sindicatura de Cuentas, que sería la oficina de transparencia y evolución de políticas públicas», explicó.

El PSIB se muestra dispuesto a votar a favor de la comisión de investigación sobre Son Espases que reclama el grupo Més pero sigue pensando que el PP, con su mayoría absoluta, impondrá sus conclusiones.