La presidenta del Consell, el pasado viernes, en la reunión que mantuvo con los representantes de Asaja para hablar de la ley.

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La aprobación de la Ley Agraria, la normativa estrella de Gabriel Company, se complica por las divergencias jurídicas y legales que han surgido entre el Consell de Mallorca y el Govern balear.

Los técnicos del Consell de Mallorca han elaborado un exhaustivo informe sobre el borrador de la ley y en él cuestionan algunos de los puntos clave del texto, como el referido al cambio de usos de las explotaciones agrarias para que se conviertan en puntos de venta directos.

Las advertencias de los técnicos del Consell también complican la posibilidad de que los propietarios de explotaciones agrarias puedan alojar turistas en sus instalaciones.

Cambios de matices

Fuentes del Govern admiten que existen estas discrepancias y que la ley está ahora mismo parada porque los técnicos de la institución insular insisten en que el borrador incumple la normativa urbanística vigente. Pese a ello, las mismas fuentes de la Conselleria d'Agricultura señalan que el Govern sacará adelante la ley y en ella se mantendrán los aspectos sustanciales del texto, es decir, la posibilidad de que haya venta directa y de que los establecimiento alojen turistas.

Es decir, en estos momentos el Govern está dispuesto a introducir matices en la ley, pero no a dejar sin sentido una normativa que considera fundamental para que el campo sobreviva.

En el Consell de Mallorca evitan hablar de enfrentamiento y aseguran que se trata simplemente de un informe preliminar que puntualiza algunos de los aspectos recogidos en la ley.

Las divergencias entre ambas instituciones son conocidas por los representantes de Asaja, de ahí la reunión que mantuvieron el pasado viernes con la presidenta del Consell, Maria Salom. Temen que estas diferencias impidan que la ley se apruebe durante esta legislatura y consideran que, sin una normativa que les permita obtener ingresos adicionales, el campo está condenado.

La reunión

Así se lo explicaron el pasado viernes a la presidenta del Consell, quien les tranquilizó sobre las intenciones de la institución insular. Salom reiteró que su voluntad es aprobar una ley que permita la subsistencia de las explotaciones agrícolas, pero a continuación matizó que debe hacerse respetando la normativa urbanística vigente.

Salom explicó a los representantes de Asaja que es fundamental aprobar una ley con todas las garantías para que tenga pervivencia en el tiempo, es decir, que no sea modificada si hay un cambio de gobierno, y para que no haya dudas legales sobre su contenido.

En la reunión, los representantes de Asaja reconocieron que hay nervios en el sector porque, pese a las promesas, la ley no sale adelante. Propusieron que el texto se someta cuanto antes a la fase de exposición pública pueda presentar todas las alegaciones que considere oportunas, sin que ello retrase la tramitación de una ley que debería entrar en el Parlament el próximo otoño para que salga aprobada.