El banquillo de los acusados en el juicio por el 'caso Turisme Jove'. | J. TORRES

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La Sección Primera de la Audiencia de Palma hizo pública ayer la sentencia que condena a doce acusados por el 'caso Turisme Jove', una trama de corrupción en ese consorcio público del Govern de Jaume Matas, a penas de hasta 3 años y 7 meses de prisión.

Las condenas ya habían sido pactadas con la Fiscalía Anticorrupción antes de la celebración del juicio por los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, fraude a la administración, falsedad, falsedad en documento mercantil y negociaciones prohibidas.

Las penas más elevadas han recaído en el exjefe de servicios de Turisme Jove, Juan Francisco Gosálbez; el exdirector de Joventut, Juan Francisco Gálvez y el exgerente del consorcio Turisme Jove, Damià Amengual.

Gosálbez tendrá que cumplir 3 años y 7 meses de prisión, abonar una multa de 11.000 euros y el comiso de otros 42.500. El exjefe de servicios de Turisme Jove confesó los hechos, colaboró con la justicia y reparó parcialmente el perjuicio causado.

Gálvez, que también confesó y colaboró, ha sido condenado a 3 años de prisión e inhabilitación absoluta por 20 años. Amengual, que también admitió parcialmente su intervención en algunos delitos, ha sido condenado a 3 años y 2 meses de cárcel, 42 de inhabilitación, una multa de 100.000 euros y el comiso de otros 35.000. Los otros condenados, todos ellos a penas menores y multas de diversa cuantía, son empresarios y constructores: María Auxiliadora Pérez, Antonio Dolç, Bartolomé Gayá, Manuel Carmelo Sáez, Jesús García Oeo, André José Villena, Marcos Pérez, Antonio Tugores y Pau Pujante.

Acusaciones

Los términos pactados entre los condenados y los fiscales Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán fueron también aceptados por las acusaciones, entre ellas, la del PP, que estuvo representado en el juicio por el letrado Salvador Perera. Los hechos, confesados de pleno por los acusados, señala que éstos «idearon, planificaron y desarrollaron una serie de actuaciones con la finalidad de que importantes cantidades de dinero procedentes de los fondos públicos fueran utilizados en provecho y beneficio propio o quedaran integrados en su patrimonio personal».