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La Audiencia ha impuesto condenas de dos años de prisión para tres funcionarios por falsear las actas que llevaron a la contratación de Maria de la Pau Segura en el año 1998. De esta manera las responsabilidades penales en el ‘caso Formentera’ quedan circunscritas a los miembros de la mesa de contratación, a pesar de que la sentencia considera probado que los funcionarios siguieron órdenes de «personas no identificadas, pero en todo caso pertenecientes a la cúpula del partido en las tareas de Govern», en ese caso el primer ejecutivo de Jaume Matas.

La pena a los tres acusados queda muy matizada una vez que la Sala aprecia como muy cualificado el atenuante por dilaciones indebidas. El hecho de que los acusados lleven diez años imputados en esta causa y que los hechos sean de hace trece años son suficientes para que la Sala considere justificado disminuir la pena hasta los dos años. Además, los funcionarios son castigados con una inhabilitación durante un año y diez meses.

Los condenados son la entonces directora general de Promoción Industrial del Govern, Rosa Grijalba y dos funcionarios: Juan Fortuny Siquier y Ángel Gallego Fernández.

Los tres firmaron el acta de una entrevista a Maria Pau Segura que no se llevó a cabo porque estaba en Argentina. La Sala concluye que los funcionarios «hicieron absoluta dejación de sus deberes como empleados públicos, atacando la confianza que se tiene depositada en el valor de los documentos oficiales».

La sentencia, que será recurrida ante el Supremo señala que la contratación de Segura se produjo: «Con ocasión o gracias a ciertos servicios prestados para la Consellería de la Presidencia del Govern en determinadas casas de Balears en Argentina y con la intención de que siguiera prestando su colaboración».