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Unos 40 abogados de Baleares se han concentrado este miércoles en los Juzgados de Sa Gerreria de Palma para exigir, transcurrido un año de la publicación de la Ley de Tasas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la supresión de estos pagos «inmorales» por considerar que «miles de ciudadanos en todo el país se han visto privados de su derecho a la tutela judicial efectiva».

Así lo ha recalcado el decano del Colegio de Abogados de las islas (Icaib), Martín Aleñar, a través del manifiesto que ha leído para recriminar que esta normativa «ha materializado una injusta barrera para el acceso a la justicia y una considerable brecha en el Estado de Derecho».

Tal y como ha apuntado, en su primer año de existencia las tasas acumulan cinco recursos y diversas cuestiones de inconstitucionalidad, por lo que ha exigido al Tribunal Constitucional que «agilice» la revisión de estos asuntos «para impedir que el daño siga creciendo», al tiempo que ha solicitado que el ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, «imite» el ejemplo de Francia, que suprimirá sus tasas en 2014 «por considerar que son injustas, restringen el acceso a la justicia y penalizan a los más vulnerables».

«La agilización de la justicia no puede fundamentarse en barreras económicas, sino en la transformación de una estructura ahora obsoleta en un servicio realmente eficaz y accesible», ha subrayado Aleñar, quien ha pedido al Gobierno «que se abra al diálogo e inicie el camino hacia un pacto de Estado hecho por y para todos».

En este sentido, el decano de la institución colegial ha criticado que el Ministerio haya «incumplido» su compromiso de que el importe recaudado con las tasas se destinaría a la justicia gratuita, hecho por el que se ha preguntado «por qué ese dinero no figura en los Presupuestos de Justicia». «Esto demuestra que la finalidad de las tasas era estrictamente recaudatoria y disuasoria, algo de difícil encaje en los principios de nuestra Constitución», ha remachado.

Aleñar ha subrayado el hecho de que la Abogacía «no está sola en su oposición contra una justicia tasada» y ha manifestado que «jueces, fiscales, procuradores, secretarios judiciales y buena parte de la sociedad civil se unen a nosotros en la denuncia contra una de las mayores agresiones al Estado de Derecho».