Entrada principal del hospital de Son Dureta de Palma de Mallorca, donde sucedieron los hechos. | Efe

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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma ha condenado al Servicio de Salud de las Islas Baleares (IB-Salut) a indemnizar con 1.097.921 euros a los padres de una niña que sufre parálisis cerebral por mala praxis en el parto.

La niña nació el 27 de agosto de 2004 en el antiguo Hospital Universitario de Son Dureta de Palma y el sufrimiento fetal padecido en el momento le produjo dicha parálisis, informa el Defensor del Paciente.

La madre de la niña, que entonces tenía 32 años, había tenido un embarazo normal con seguimiento controlado y sin problema alguno y acudió al citado centro sanitario para la inducción al parto el 26 de agosto de 2004, fecha establecida por los facultativos que la atendieron regularmente.

El Defensor del Paciente explica que «de la lectura del registro cardiotocográfico que le fue colocado al inicio se desprende que existía dinámica uterina, incluso con contracciones excesivamente fuertes y demasiado seguidas, que eran un indicativo de la evolución del parto y la actuación a seguir».

Añade que dicho registro no podía ser considerado patológico sino simplemente indicativo de la forma en la que debía ser encauzado el parto pero «inexplicable y sorprendentemente le fue retirado, perdiendo de esa forma la posibilidad de conocer su evolución y actuar en consecuencia».

Subraya que la madre permaneció sola durante un tiempo mientras el bebé tuvo un sufrimiento fetal importante que le ocasionó severas secuelas, debiendo seguir tratamiento y ayuda de otras personas de por vida ya que le ha sido reconocida una minusvalía del 90 por ciento.

Según explica el Defensor del Paciente, estas secuelas fueron consecuencia tanto de una incorrecta o inexistente lectura de la monitorización inicial como de la falta de la misma posteriormente al haberle sido retirado el monitor justamente cuando más necesidad había de su lectura.

La defensa del caso ha sido tramitada por la letrada Soledad Raso Périz, especialista en Derecho Sanitario y adscrita a los servicios de El Defensor del Paciente en Baleares.