Albert Moragues, en una foto de archivo durante un pleno del Parlament. Tendrá que declarar el 14 de octubre próximo. | Teresa Ayuga

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El exconseller de Presidència del anterior Govern de Francesc Antich, y la exsecretaria general de ese departamento Francisca Socías, junto a otros tres imputados en el presunto fraude en el servicio de limpieza del Palacio Marivent, «se concertaron para beneficiar, de manera arbitraria, con fondos públicos a sociedades con las que tenían estrecha relación de propiedad, control o vinculación», señala el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán.

La querella criminal, cuyo alcance se investiga en el Juzgado de Instrucción 10 de Palma, es prolija en detalles sobre los supuestos indicios delictivos en los que habrían incurrido Moragues, Socías y también los representantes de Lireba Serveis Integrats, empresa adjudicataria de las tareas de mantenimiento de la residencia estival de los Reyes, Dolores Polo, Iñaki Iruskieta y José Luis Carrión.

Beneficio propio

«Del mismo modo -añade el escrito- y con idéntica finalidad de lucrarse en perjuicio de la Hacienda Autonómica, promovieron de forma ilícita e innecesaria, tal y cómo luego se verá, una modificación de la contratación 2934/2007 y de su prórroga, que supuso en beneficio propio un perjuicio público de 100.000 euros». Los delitos que se investigan en esta causa son malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad en documento mercantil. Moragues comparecerá en calidad de imputado ante la jueza el 14 de octubre.

El fiscal afirma que los imputados «idearon que una vez seleccionada la empresa adjudicataria, ésta emitiría facturas inexactas por cuanto incluirían conceptos por servicios no prestados».

Añade que Moragues y Socías, «prevaliéndose de que la conselleria en la que ostentaban cargos... seleccionaron a la empresa más idónea para sus ilícitos propósitos ignorando maliciosamente los más elementales principios que rigen la legislación de contratación con las Administraciones Públicas». Los indicios supuestamente delictivos se centran en facturas supuestamente amañadas y la modificación de contratos de trabajadores por parte de Lireba. En concreto, el servicio contratado por un importe de 504.397 euros, en 2011, debía ser desarrollado por siete empleados de forma permanente, señala el escrito del fiscal, y tan solo tres ejercieron las tareas de mantenimiento y limpieza del Palacio Marivent.

El exconseller Moragues ha negado de forma rotunda las imputaciones de la Fiscalía Anticorrupción.