La portavoz del ejecutivo autonómico, Núria Riera, ha explicado en la rueda de prensa tras el Consell de Govern, que esta denegación de responsabilidad patrimonial se ha hecho en base al dictamen del Consell Consultiu, que determina que no hay derecho a pedir esta indemnización por parte de la promotora.
La reclamación resulta de la aplicación del decreto ley del 23 de noviembre, de medidas cautelares, hasta la aprobación de normas de protección de áreas de especial valor ambiental para las Islas Baleares, que suspendió la ejecución de las obras de urbanización en ses Fontanelles.
En opinión del Govern, no se ha producido ninguna lesión indemnizable por la simple suspensión temporal del planeamiento y no se puede considerar que los promotores hayan perdido sus derechos. El acuerdo explica además que con el decreto ley del 13 de julio, de medidas para la Playa de Palma, se ha levantado la suspensión en el ámbito de ses Fontanelles.
Por lo tanto, añade, se permite la urbanización y la edificación, con el cumplimiento de unos requisitos que impone la disposición adicional cuarta de este decreto ley, referida a garantizar la preservación y el mantenimiento de los valores ambientales de la zona húmeda de ses Fontanelles.
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