La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, durante la presentación del Plan de Empleo y Emprendimiento del Ayuntamiento de la ciudad. | Efe

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La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, aseguró ayer que en la exposición razonada del juez del ‘caso Nóos’, José Castro, remitida al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que le investigue tanto a ella como al expresidente de la Generalitat Francisco Camps, hay «alguna falsedad determinante» y «juicios de valor» que considera que «no caben» en este tipo de escritos, donde «lo que caben son las pruebas».

El magistrado instructor de la pieza separada número 25 del ‘caso Palma Arena’ ve indicios racionales de que Camps y Barberá incurrieron en presuntos delitos continuados de malversación, prevaricación, fraude a la administración y falsedad en documento oficial. Por ello, remitió ayer una exposición razonada al TSJV dada la condición de aforados de ambos dirigentes políticos valencianos.

En una rueda de prensa ofrecida en Valencia, Barberá afirmó: «No he firmado nada, no he votado nada y no he decidido nada respecto a las jornadas deportivas Valencia Summit».

Desviación de poder

«Fue la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau quien decidió y su director gerente, José Salinas, quien suscribió el evento», dijo. En esta línea, reiteró el «carácter privado» de esta entidad y aseguró que por su parte no ha habido «desviación de poder».

Barberá señaló que asiste «con cierta sorpresa» a la redacción del escrito del juez, «desde el máximo respeto a la decisión judicial y también desde la discrepancia» por una «razón fundamental» que, según ha dicho, le permite, «de una manera clarísima», ratificarse en los «todos los argumentos» que ya ha dicho.

El juez Castro, por su parte, señala en la exposición razonada que Urdangarin citó a Camps y a Barberá, en el Palacio de la Zarzuela «para mayor impacto psicológico» para la negociación de un contrato. «El objeto de la reunión no era otro que el de obtener el convocante la adjudicación, como consecuencia de un acto meramente voluntarista y al margen de cualquier procedimiento administrativo, de la organización de los que se llamarían eventos Valencia Summit», afirma el juez. Según el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, se otorgaron a Urdangarin «en atención a su parentesco con la Casa de S. M. el Rey».

«Todas las contrataciones se adjudicaron ‘a dedo’, asintiendo verbalmente los aforados (Camps y Barberá) a cuanto se les ofrecía, sin estudios previos de viabilidad técnica ni de mercado, en marcos geográficos absolutamente impropios y orillando por completo las normas sobre las contrataciones públicas», dice el magistrado, quien fija en 3,1 millones de euros el dinero que cobró Nóos y que salieron de las arcas de la Comunitat Valenciana.