Las cifras del CGPJ del primer trimestre del año revelan un aumento de los asuntos sin resolver en los juzgados | ultimahora.es

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La crisis económica incrementa la entrada de asuntos relacionados con la conflictividad laboral en los juzgados de lo Social de Balears, según la estadística del primer trimestre de 2013 del Consejo General del Poder Judicial.

En ese contexto, 2.356 trabajadores que han recurrido sus despidos entre enero y marzo en Balears esperan que los jueces dicten sentencia, frente a los 2.189 del mismo periodo en 2012. En total, en los primeros 90 días de este año hay acumulados 9.041 asuntos en los juzgados, 142 más que en 2012 (8.889).

Las reclamaciones de cantidades siguen siendo los expedientes más numerosos en los despachos de los jueces.

Hasta el pasado mes de marzo estaban pendientes de resolución 4.203 casos, frente a los 4.393 del pasado año en los seis juzgados de lo Social de Balears, 4 en Palma, 1 en Eivissa y 1 en Maó,

Las cifras demuestran que empresarios y trabajadores han elevado sus diferencias en el primer trimestre del año, dentro de un contexto de crisis que lejos de aplacarse parece que se recrudece más.

Conflictividad

La amenaza de los despidos en los expedientes de regulación de empleo (ERE), con Orizonia como el ejemplo más destacado, los retrasos en el pago de los salarios en algunos casos, despidos improcedentes, el empeoramiento de las condiciones de trabajo y el incumplimiento de lo pactado en determinados los convenios, son algunos de los factores que han elevado la carga de asuntos en los juzgados, según las fuentes judiciales consultadas por este diario.

«La falta de personal es evidente, por eso aumentan las cifras de asuntos pendientes de resolver. Hay que tener en cuenta de que hasta marzo habían 2.872 demandas laborales pendientes de incoar, es decir, que están en la mesa de los jueces o secretarios esperando pacientemente su turno», explicaron fuentes del juzgado de Sa Gerrería.

Las cifras expuestas en esta página se refieren a la conflictividad estrictamente laboral, es decir que no incluyen las huelgas protagonizadas por funcionarios o trabajadores empleados en servicios de carácter público y aquellas otras que respondieron a motivaciones de otra índole, como la llevada a cabo recientemente en el sector de la enseñanza pública.