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Los 29 titulares de los Registros de la Propiedad y Mercatiles que trabajan en Balears tramitaron durante el último trimestre del pasado año un total de 4.422 expedientes de nacionalidad, el 2,06 por ciento del conjunto del Estado, como consecuencia de la aplicación de la encomienda de gestión vigente con el Ministerio de Justicia.

La participación de los registradores en las tareas de tramitación de los expedientes de nacionalidad, según el acuerdo que se firmó en junio del año pasado, teníap or objeto resolver el descomunal atasco acumulado en el Ministerio de Justicia, «había alrededor de 400.000 expedientes», señala la decana del Colegio en la Islas, Silvia Núñez.

Núñez señala que los registradores de las Islas han participado en la tramitación, la decisión final sigue siendo una competencia que ejerce el Ministerio de Justicia, de solicitudes «procedentes de toda España. El reparto se ha realizado desde el Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España y aquí han correspondido expedientes procedentes de otras comunidades autónomas ya que, en la mayoría de los casos, la labor se ha podido realizar por vía telemática».

La decana del Colegio en Balears destaca que «el esfuerzo que se ha realizado ha sido muy importante y es justo reconocer la labor de todo el personal para lograr sacar adelante con diligencia tantos expedientes atrasados. Hay que tener en cuenta que aunque la encomienda de gestión se firmó en junio con el ministro Gallardón ésta no se hizo efectiva hasta el mes de noviembre por una serie de problemas informáticos.

A pesar del notable avance logrado en los trámites para la obtención de la nacionalidad, el Ministerio de Justicia ha prorrogado hasta el próximo mes de diciembre la actual encomienda de gestión a los registradores.

Según los propios registradores, su participación en todo este proceso ha permitido multiplicar por cinco el número de solicitudes de nacionalidad española que han sido denegadas «como consecuencia del rigor en la tramitación en relación con la gestión anterior», según se detalla en una nota pública.

España cuenta con un millar de registradores en todas las comunidades.