Un total de 6 personas de Baleares fallecidas figuraban como beneficiarias de la Ley de Dependencia, con un importe de 27.093 euros que recibió la comunidad del ministerio sin que le correspondieran entre los años 2007 y 2011, según un informe del Tribunal de Cuentas.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha dado un plazo de seis meses a las CCAA para actualizar los datos del sistema de la dependencia, evitar el fraude y mejorar la transparencia, ya que 29.169 fallecidos en España constaban como beneficiarios.
En la rueda de prensa posterior al Consejo Territorial de Servicios Sociales y de la Dependencia celebrado anoche, la ministra Ana Mato explicó que en la reunión con los consejeros autonómicos del ramo se planteó la necesidad de una «mayor transparencia del sistema».
El documento, que se encuentra en fase de alegaciones y analiza datos desde 2007 hasta 2011, concluye que constan como beneficiarios 29.169 fallecidos por los que las comunidades autónomas recibieron 140.348.268 euros que no les correspondían.
El Tribunal de Cuentas indica que ha habido «falta de comunicación» de esas muertes por parte de las autonomías a la aplicación informática del sistema de dependencia, por lo que han recibido una «financiación indebida».
Apunta, además, a una «ausencia de un adecuado control interno por parte del Imserso como responsable de la administración de la citada aplicación informática, así como de su mantenimiento y actualización».
Según el informe, Andalucía, Castilla y León y País Vasco -4.194, 4.105 y 3.444, respectivamente- son las comunidades con mayor número de beneficiarios fallecidos, mientras que Baleares, La Rioja y Canarias -6, 59 y 197- son las que menos.
Para Mato, estos datos demuestran que «había que hacer modificaciones en el sistema de dependencia» y que las listas tienen que estar «permanentemente puestas al día».
La ministra expuso a los consejeros que el sistema de la dependencia dará prioridad a la prestación de servicios por encima de las ayudas y ha recordado la excepcionalidad de la prestación por cuidados en el entorno familiar, según la redacción de la ley.
Subrayó que en la reunión se pactó unificar toda la normativa sobre las prestaciones del sistema de la dependencia que quedarán recogidas en un único decreto y que las CCAA plantearán planes de prevención con iniciativas dirigidas específicamente a las personas mayores.
Las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, Asturias y Andalucía, han reiterado sus críticas a la reforma de la ley, al considerar que el Gobierno quiere privatizar el sistema de la dependencia.
También Cataluña y el País Vasco se oponen al actual modelo de financiación porque las administraciones territoriales aportan mayor cantidad para el desarrollo del sistema cuando en principio debería haber un equilibrio del cincuenta por ciento, en su opinión.
Mato negó que esa sea la intención del Ejecutivo y ha subrayado que los socialistas «tratan de equivocar a la sociedad española» pero que el tiempo dará la razón al Gobierno y los ciudadanos verán que se mejora la atención y no pensarán que se les está perjudicando.
Durante el Consejo se aprobó, por primera vez, un catálogo de referencia de Servicios Sociales para todo el Estado, que no se trata de una norma, sino de una recomendación.
La titular de Sanidad recalcó que el catálogo formaliza un pacto entre el Gobierno y las autonomías en materia de servicios sociales que deben guardar criterios de calidad y sostenibilidad.
Además, recordó que en un plazo máximo de seis meses el Ejecutivo aprobará un plan de acción para la inclusión social, que incidirá en apoyar a los colectivos más vulnerables y la lucha contra la pobreza infantil, que se financiará, en parte, con fondos europeos programados hasta 2020.
Por último, el Consejo Territorial ha establecido el reparto de los créditos para la ejecución de los servicios sociales básicos: 27,5 millones de euros para el Plan Concertado y 412.000 euros para el Plan de Desarrollo Gitano.
El siguiente cuadro muestra por comunidades autónomas el número de fallecidos que figuraban como beneficiarios del sistema de la dependencia y el importe derivado de los mismos, según el informe del Tribunal de Cuentas:
CCAA BENEFICIARIOS FALLECIDOS IMPORTE
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Andalucía 4.194 24.199.176
Aragón 2.857 12.724.671
Asturias 1.067 5.354.844
Baleares 6 27.093
Canarias 197 817.479
Cantabria 1.010 5.045.083
CyLeón 4.105 19.377.223
C-La Mancha 724 3.117.989
Cataluña 1.959 8.755.248
C.Valenciana 1.330 7.028.533
Extremadura 357 1.602.182
Galicia 3.389 16.338.154
Madrid 2.647 11.095.289
Murcia 633 3.569.797
Navarra 1.191 5.094.441
País Vasco 3.444 15.960.444
La Rioja 59 240.622
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TOTAL 29.169 140.348.268
8 comentarios
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Sembla que sigui d'allò mes fàcil el fet d'apuntar un traspassat. Emperò l'experiència prova que hi ha "morts-vius" `per tot arreu, segons els països: llistes electorals, ajuts de dependència, pensions, etc. Un misteri.
Fa anys que li han reconegut sa dependència as meu sogre, pateix alzheimer en estat avançat i encara no ha rebut ajuda de cap casta. Sa meva sogra ja ha estat operada 4 vegades de s'hernia, i se li ha tornat reproduir. Vos podeu imaginar sa meva indignació en llegir aquesta notícia, què p. fa s'administració que no controla algo tan bàsic?
Conozco personas que están cobrando por una incapacidad laboral y están trabajando en negro. Tendríamos que tener un web para denunciar anónimamente estos casos. Personas con un gran patrimonio y sus familias trabajando. Habría que revisar y poner al día todo esto.
Esto es lo mismo que los que cobran las ayudas de 400 euros de forma fraudulenta,unos por contratos falsos,y otros porque trabajan en negro..Demasiado poco control,donde el control debería ser máxmo,por la cantidad de dinero que nos cuesta..luego siempre pagan justos por pecadores.Lo mismo pasa con las recetas,el otro día un señor con un monton de recetas,la farmaceutica le dijo,que no podían ser todas para el ,pues eran incompatibles unas con otras ....en fin
Vaya a cuenta de lo que no pagaron a mi añorada madre, que le reconocieron la prestación y durante medio año no le pagaron nada. Y de las innumerables llamadas de teléfono de mi familia para reclamar el pago, mandándonos de una oficina a otra para al final nada. Nunca conseguimos hablar con un responsable real, siempre era "en otra oficina, otro despacho, otra persona". Otro ejemplo de que el Govern Balear entero necesita un reset.
Me resulta difícil de entender que en el tiempo que estamos, con tantos avances en tecnología, que unos datos cómo estos no estén controlados por ordenadores, creeis que es normal que una persona fallezca y sus datos no sean trasladados, medios hay, al lugar donde sean necesarios para darles de baja. Si estos medios fallan que se lo pasen a Hacienda, estos se enteran de todo, o es que en nuestro borrador no nos viene todo todito.
mirando las estadisticas en Baleares es donde mejor se ha gestionado.
Per culpa d'uns estafadors ara pagaran juts per pecadors. I el control, doncs vergonyós.