Manel Carmona e Ignacio Blanco, esta mañana en los juzgados de Palma, mostrando una fotografía en la que aparecen Francisco Camps, Jaume Matas y Rosa Estaràs. | Jaume Morey

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El diputado autonómico valenciano de Esquerra Unida (EU) Ignacio Blanco ha aportado hoy al juez de Palma que investiga el caso Over nuevos documentos que considera «indicios» de que el PP de la Comunidad Valenciana pudo financiarse irregularmente a través de la empresa de publicidad Over Marketing.

Blanco ha ampliado la denuncia que su partido presentó el pasado mes de noviembre con documentación que avalaría su sospecha de que la financiación irregular del PP balear que investiga el juez José Castro pudo llevarse a cabo «exactamente igual» en la Comunidad Valenciana.

En concreto, EU ha facilitado a Castro el expediente de la campaña de promoción institucional del voto que el Consell de la Generalitat Valenciana adjudicó a Over Marketing por 700.000 euros para los comicios autonómicos de 2003.

Según el partido denunciante, el expediente carece de las facturas de los medios de comunicación por las correspondientes inserciones publicitarias, un vacío en la justificación que podría encubrir «un desvío de fondos públicos para financiar la campaña del PP», ha explicado Blanco a la puerta de los juzgados de Palma.

«Según el contrato, ese gasto se debe justificar con facturas de los medios, y no con facturas propias de Over Marketing», ha insistido el diputado regional, quien ha recalcado que si el juez Castro solicita al gobierno valenciano los justificantes de pago que no aparecen en el expediente «se los tendrán que dar».

En este sentido, ha indicado que, además de la documentación que ha logrado recabar pese a los «muchos obstáculos» que ha puesto el Consell, ha informado al instructor de otros documentos posiblemente significativos para la investigación a los que su partido no ha tenido acceso.

Blanco ha citado entre esos documentos de interés las facturas de tres grandes contratos entre la Generalitat y Over por valor de 4 millones de euros y ha indicado que la propia empresa publicitaria argumentó para concurrir a un concurso que había obtenido un encargo de la administración valenciana en el año 2000 por valor de 3 millones de euros del que no se ha informado hasta el momento.

«Es información relevante que sabemos que estará en buenas manos, porque confiamos en la vía judicial y en el juez Castro, que está demostrando ser valiente, llegando hasta el final caiga quien caiga», ha apostillado.

El representante de EU cuenta con que la información que le ha facilitado sirva al titular del juzgado de instrucción 3 de Palma para ampliar a Valencia sus pesquisas sobre la presunta financiación irregular del PP y espera que ante Castro «desfilen los altos cargos del Govern valenciano que hicieron este tipo de contrataciones».

Por ello, no descarta la imputación del actual conseller de Gobernación y secretario general del PP valenciano, Serafín Castellano, que en su etapa de conseller de Sanidad autorizó seis contratos con Over.

Si Castro apreciara en la actuación de Castellano indicios de delito, tendría que traspasar la instrucción al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dada su condición de aforado, ha recordado Blanco.

En el plano político, el diputado de EU ha señalado las «conexiones corruptas entre el PP de las Islas Baleares y el PP del País Valenciano», así como la relación de ambos con la trama Gürtel investigada en la Comunidad de Madrid.