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La organización ecologista GOB ha puesto la «alerta roja» sobre la salud pública con la decisión del Consell de Mallorca de importar residuos a Mallorca de la península y de otros países de la Unión Europea.

En un comunicado, el GOB ha criticado que el «oscurantismo» con el que el Consell de Mallorca gestiona los datos reales de la propuesta de importar residuos, del funcionamiento y operación de la incineradora de Son Reus y del control de la contaminación «alimenta la alerta generada por las consecuencias reales que el incremento de la incineración puede tener para la población de Mallorca».

Así, ha indicado que a la campaña de «falsedades y greenwashing» que ha acompañado durante estos meses la propuesta de TIRME de importar residuos para quemarlos en Mallorca, y a la tramitación «irregular» administrativa, se junta ahora el «oscurantismo en relación a las características y procedencia de los residuos que han de llegar en Mallorca para quemarse en la incineradora de Son Reus».

«Cuánto, cuándo, de dónde y qué son preguntas que no tienen respuesta», ha señalado, al tiempo que ha recordado los datos «alarmantes» surgidos en los últimos días en relación a la posible presencia de dioxinas y el propio reconocimiento por parte del Consell de que la Comisión Técnica ha detectado irregularidades en uno de los pozos.

Además, ha apuntado la evidencia científica de la existencia de una relación directa entre la incidencia de muertes por cáncer entre poblaciones próximas a las incineradoras publicado en una revista científica de prestigio internacional y realizado por el Instituto de Salud Carlos III dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad.

En este sentido, el GOB ha considerado que el «chantaje económico» no debe justificar que Mallorca acepte quemar más y tener «más contaminación y riesgos para la salud».

Para esta entidad, la justificación de esta «descabellada» propuesta del Consell de Mallorca es la disminución de la tasa que se paga por quemar residuos, pero «*cómo se contabilizan los costes sanitarios que habremos de pagar por el hecho de estar más expuestos a los contaminantes derivados de la incineración?».

Así, estima que Mallorca no debe importar residuos, sino que debe tender a la incineración «cero» y, a su juicio, lo puede hacer «optimizando las infraestructuras que ya tiene para un óptimo reciclaje, mejorando la recogida selectiva y apostando activamente por la reducción de residuos».

Para hacerlo, el GOB ha afirmado que hace falta revisar el contrato con TIRME y los términos de la concesión del servicio público y poner el interés general «por encima de los beneficios empresariales del conglomerado de empresas que conforman TIRME que se beneficiaron ya con la construcción de las nuevas líneas autorizadas en 2007 y ejecutadas por FCC, accionista de TIRME».