A diferencia de la reunión del 20 de noviembre, ayer faltó el vicepresidente económico Aguiló. | Jaume Morey

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Las patronales de alquiler de coches ( rent a car ) de Balears, Baleval y Aevab, volvieron a mostrar ayer su total oposición al impuesto que les quiere imponer el Ejecutivo autonómico, mediante el cual pretende recaudar 15 millones de euros anuales.

La reunión de la comisión técnica que tuvo lugar ayer en Vicepresidencia Económica, que duró cuatro horas, fue, según los presentes, «muy tensa y poco clarificadora», de ahí que los presidentes de ambas patronales, Ramón Reus (Aevab) y Antoni Masferrer (Baleval), mostraron su decepción y malestar al final de la misma y que exigieran al director general de Pressuposts, Antoni Costa, una reunión urgente con el president Bauzá y con el vicepresidente Aguiló, el cual faltó al encuentro.

Agravios

Los representantes de los rent a car denunciaron ante Costa, así como ante el director de la Agencia Tributaria de les Illes Balears (ATIB), Alberto Roibal, la discriminación de la que son objetos, en relación con otros sectores empresariales, así como la decisión de que en caso de que se aplique el impuesto «trasladaremos la sede fiscal de las empresas fuera de Balears», apuntó Reus. Costa y Roibal les indicaron que entendían su postura y que hicieran lo que creyeran oportuno, «pero el impuesto se tiene que aplicar porque necesitamos el dinero y porque tenemos que recaudar con los nuevos impuestos 135 millones de euros. Este es nuestro objetivo», apuntaron representantes de ambas patronales.

Asimismo, criticaron que el Ejecutivo autonómico «actúe favoreciendo a unos colectivos y tenga un trato diferente o que vaya a renegociar con ellos el cobro del impuesto, como así ha sucedido con las grandes y medianas superficies o los hoteleros. Sólo pedimos que se mire a todo el mundo con el mismo rasero», explicó Reus.

Masferrer, muy contrariado por la falta de acuerdos y la actitud de Costa y Roibal, indicó: «El impuesto que nos quiere implantar el Govern es una auténtica barbaridad, ya que supondrá el 25 % del coste del precio de alquiler de un coche. Esto es inasumible, de ahí la respuesta empresarial de deslocalizar sus sedes fiscales. Lo único que nos ha quedado claro del encuentro es que los técnicos quieren aplicar el impuesto en toda regla».

Como primera medida, ayer dieron a conocer las 15 alegaciones contra el impuesto, sobre las cuales «nos han dicho que las leerán como técnicos, pero que la decisión última es de los políticos», apuntaron Reus y Masferrer.