Las sanciones, como las que se imponen a manifestantes, suben de forma considerable en el último año | ultimahora.es

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Las multas que interpone la Delegación del Gobierno en materia de seguridad ciudadana han crecido este año un 72 por ciento respecto al anterior. En los diez primeros meses se iniciaron 365 expedientes, frente a los 212 del año anterior. Estas sanciones incluyen todo tipo de alteraciones al orden público, entre ellas las que se imponen a manifestantes. Esta categoría también incluye otras infracciones como la falta de medidas de seguridad en determinados comercios y pueden llegar a los 6.010 euros en el caso de las sanciones más graves. Numerosos participantes en protestas contra los recortes han denunciado abusos en la aplicación de sanciones en distintas manifestaciones.

En total, la Delegación actúa con sanciones administrativas en seis supuestos: armas, incumplimiento de medidas de seguridad o conductas violentas en espectáculos deportivos, extranjería, seguridad privada, tenencia de drogas e incumplimientos de las normativas sobre metales preciosos.

El procedimiento de las sanciones se inicia a partir de las denuncias que interponen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En el periodo de gobierno del Partido Popular -en el que han estado al frente de la Delegación primero José María Rodríguez y ahora Teresa Palmer- han aumentado las sanciones en todos los apartados excepto en dos: extranjería y seguridad privada. El primero castiga desde la presencia ilegal en el país hasta la contratación de empleados sin papeles. El segundo alude a empresas que incumplen la normativa de seguridad privada.