Jaume Matas e Iñaki Urdangarin en 2004. | T. Ayuga

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Las declaraciones de medio centenar de testigos del 'caso Nóos' en Barcelona realizadas esta semana han confirmado nuevos indicios incriminatorios contra los principales imputados en la causa, Iñaki Urdangarin y Diego Torres.

Una de las testificales confirmó que en los congresos turístico-deportivos de Nóos en Balears uno de los consultores contratados por el duque de Palma y su exsocio cobró 3.000 euros diarios, una suma que los investigadores califican de «escandalosa», sobre todo teniendo en cuenta de que esas cantidades se abonaron a costa del erario público.

Dinero

Según explicaron las fuentes consultadas por este diario, el consultor, que ya ha sido identificado, percibió ese dinero «por no hacer nada». Su labor se limitaba a «organizar comidas, proponer temas y extraer conclusione».

Las declaraciones de Barcelona, asimismo, permitieron al juez José Castro y al fiscal anticorrupción Pedro Horrach verificar más irregularidades flagrantes en el desarrollo de la actividad del Instituto Nóos.

Una mujer dijo que los máximos responsables de Nóos le fijaron un sueldo de 800 euros mensuales, que no cobraba porque en realidad no desempeñaba tarea alguna en el Instituto Nóos, aunque fue contratada como encuestadora. La testigo explicó que ella aceptó esas condiciones porque le faltaban dos o tres años de cotización en la Seguridad Social. Nóos, por su parte, ampliaba de esa manera ficticia su plantilla de trabajadores con el objetivo de enmascarar salidas de dinero.

Citación

La mujer, asimismo, confesó que quien contactó con ella fue Jan Gui Urdangarin, sobrino del duque de Palma. El fiscal ya ha pedido que se le cite como testigo.

Anticorrupción, asimismo, cree que varios de estos contratos ficticios se firmaron para dar apariencia de volumen de trabajo a las empresas satélite del Instituto Nóos, para dotarlas de una infraestructura falsa y simular así una actividad que justificara los ingresos que acumulaban, procedentes de Nóos.

El Govern de Jaume Matas aceptó todas las condiciones económicas impuestas por Urdangarin y Torres para celebrar dos congresos en Palma, que costaron a Balears 2,3 millones de euros.