26

Los jueces han dictado 2.518 órdenes de desahucio por impagos de las mensualidades de hipotecas y alquileres en Balears entre enero y junio de 2012, un 20 % más que en el mismo periodo de 2011, según la estadística elaborada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De los 2.518 desalojos forzosos, 1.021 se realizaron entre enero y marzo, y 1.497 entre abril, mayo y junio.

Los desahucios, la mayor parte de ellos solicitados por las entidades financieras después de llevar a cabo una ejecución hipotecaria, mantienen una evolución al alza en Balears en los últimos años.

Hasta junio de 2011, por ejemplo, los jueces firmaron un total de 2.090 órdenes de lanzamiento, frente a los 2.082 del mismo periodo de 2010.

Crisis aguda

La aguda crisis económica que sufre el país es la causa principal del aumento de los procesos judiciales, según explica Julio Buendía, uno de los portavoces de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Mallorca (PAH).

«El desahucio o lanzamiento de las familias que, por diversas circunstancias, no han podido hacer frente al pago mensual de la hipoteca o del alquiler es un problema con el que convivimos a diario y va, desgraciadamente, en aumento porque lo estamos viendo cada día», dijo Buendía.

La movilización popular, no obstante, está frenando las órdenes de desalojos de los pisos e, incluso, obligan a las entidades bancarias a ofrecer soluciones alternativas a las familias para que no pierdan sus hogares.

En Palma se han registrado en los últimos meses varios ejemplos de desahucios paralizados por la presión de determinados colectivos, entre ellos, el Movimiento 15-M, conocidos como «los indignados».

Según señala Julio Buendía, «estamos recibiendo entre 20 y 25 consultas diarias de gente amenazada por el desalojo de sus viviendas». «Llegan destrozados, con una gran ansiedad, implorando ayuda para no quedarse en la calle con sus hijos al no poder hacer frente a las mensualidades de alquileres o hipotecas», añadió.

La mayoría de los afectados intenta conseguir un aumento de los plazos para satisfacer la deuda, aunque Buendía precisa que ese objetivo de ganar tiempo tiene pocas posibilidades de prosperar debido a que los trámites judiciales son cada vez más ágiles. «La norma se lo pone más fácil a los propietarios de viviendas en alquiler, pero también deja más desprotegidos a los arrendatarios que no puedan afrontar sus deudas», dijo el portavoz de la PAH.