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Tres imputados en el caso Nóos, los valencianos Jorge Vela, José Manuel Aguilar y Elisa Maldonado, se han unido a la petición de Luis Lobón, también investigado en esta causa de supuesta corrupción, para que un juzgado de Valencia lleve su instrucción. El juez del caso Nóos, José Castro, ha notificado hoy los argumentos que exponen para que sea un magistrado de Valencia, y no de Palma, el que instruya la investigación por desvío de fondos públicos a este instituto sin ánimo de lucro que fue presidido por Iñaki Urdangarin.

En una providencia a la que ha tenido acceso Efe, Castro ha dado traslado de estos argumentos al Ministerio Fiscal y también ha informado a uno de los imputados de que hay un total de 31 partes personadas en esta ramificación del caso Palma Arena, entre acusaciones (Fiscalía, Comunidad Autónoma de Baleares y Manos Limpias) e imputados.

El exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (Cacsa) José Manuel Aguilar se ha sumado a la petición de Lobón, exsecretario autonómico valenciano de Turismo, de que la causa se lleve en esa comunidad porque, según argumenta, se investigan hechos ocurridos en lugares diferentes y a personas que no tienen conexión entre sí. El juez rechazó esta petición y ahora debe volverse a pronunciar, dado que los imputados han presentado un recurso de reforma contra su decisión.

En primer lugar, Aguilar alega que los convenios investigados por supuesto desvío de fondos públicos entre Nóos y los gobiernos de Baleares y Valencia no tienen relación entre sí. Nada tienen que ver, indica, los acuerdos para la organización del Valencia Summit de 2004 a 2006 con los firmados en Baleares para el Illes Balears Forum o para la financiación de un equipo ciclista.
En cuanto a los imputados, afirma que la ley exige que para que jueces de diferentes territorios lleven un mismo tema tienen que ser los mismos inculpados, mientras que en este caso hay varios a los que se les atribuye la perpetración de diferentes delitos.

«Aparte de los señores Urdangarin y (su exsocio, Diego) Torres, no hay identidad en el resto de sujetos intervinientes en los variados hechos que aquí se investigan; los supuestos perjudicados de los distintos y presuntos delitos investigados son completamente diferentes», afirma la defensa de Aguilar.

En los mismos términos, el también exdirector de Cacsa Jorge Vela afirma que los hechos relacionados con el Valencia Summit «únicamente atañen a personas y entidades totalmente ajenas al partido judicial de Palma».

La exdirectora de gestión y exresponsable jurídica de Cacsa Elisa Maldonado también ha pedido que un juzgado de Valencia sea el competente para este caso, pero el juez ha rechazado esta pretensión por estar fuera de plazo.

En otro escrito, el abogado de Lobón pedía al juez que le informase sobre las partes personadas en el caso, así como que requiriera a todas ellas que aportaran de sus escritos tantos juegos de copias como partes, tal y como marca la ley. El juez le responde que ello es «insostenible ecológica y económicamente» y pone el ejemplo de que si Diego Torres tuviera que cumplir este requisito tendría que aportar 44.032 folios de su documentación aportada.

En el caso de que se tuvieran que tener en cuenta las 74 partes del caso Palma Arena, añade Castro, los aproximados 95.000 folios de su sumario se convertirían en unos 7 millones de folios, lo que «representaría muy serias dificultades para su custodia, manejo y traslado».

Dos escritos más presentados al juzgado piden el archivo de la causa para dos de sus imputados: Antonio Ballabriga, que trabajó a las órdenes de Urdangarin y Torres dirigiendo varios proyectos en el Instituto Nóos, y Juan Pablo Molinero, exempleado de Nóos Consultoría, empresa propiedad de Urdangarin y Torres.