Martín Aleñar, decano del Colegio de Abogados de Balears. | Redacción Local

27

El Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB) ha apoyado las alegaciones presentadas por la abogacía española la semana pasada contra la subida de las tasas judiciales al considerar que este aumento favorecerá la creación de «una justicia para ricos y otra para personas sin recursos».

El ICAIB ha recordado hoy a través de un comunicado que ya advirtió en enero a la Junta de Gobierno que este incremento de las tasas puede crear una brecha social y disuadir a muchas personas, sobre todo a las que poseen recursos insuficientes, de revisar resoluciones judiciales injustas para sus intereses.

Por eso, ha decidido sumarse a las alegaciones que el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) remitió el pasado viernes a la Comisión de Justicia del Congreso de los diputados contra el proyecto de ley que regula determinadas tasas de la Administración de Justicia.

El CGAE se sustentó en una sentencia del Tribunal Constitucional que cuestiona que la cuantía de las tasas establecidas es tan elevada que impide o obstaculiza el acceso a la jurisdicción a todos los ciudadanos españoles, con independencia de sus recursos económicos.

Para ejemplificar que las cuantías son «exageradas», el CGAE ha remitido a los diputados el caso de un ciudadano con una multa de tráfico de un importe de 100 euros que, en caso de querer impugnarla, debería abonar 200 euros, una cantidad que la Abogacía Española considera «irrazonable».

La CGAE ha señalado además que, de acuerdo con la Ley de Tasas y Precios Públicos, estas tasas deben cubrir exclusivamente el coste del servicio o de la actividad que constituya el hecho imponible, de forma que la tasa se vincule al servicio prestado y no a otro distinto.