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Un juzgado de Palma ha condenado al dirigente de UGT, Antón Obieta, a indemnizar con 100.000 euros al diplomático y expresidente del Mallorca, Josep Pons, por el daño que causó a su honor cuando denunció falsamente a través de la prensa que estaba siendo investigado por acoso sexual a una subordinada.

La sentencia, dictada por el juzgado de primera instancia número 17 de Palma considera al sindicalista responsable de una «intromisión ilegítima» en el derecho al honor del exembajador de España en Austria que le causó «graves daños morales».

El juez recuerda que en 2009, siendo Pons embajador en Viena, una comisión del Gobierno austríaco investigó una queja de una empleada de la embajada por «molestia sexual», algo que Obieta transformó en «acoso sexual» cuando lo contó a varios medios de comunicación meses más tarde, en el momento en el que el diplomático se había hecho cargo de la presidencia del Real Mallorca.

«Las informaciones que proporcionó el señor Obieta a la prensa no se encuentran en este caso amparadas por el derecho fundamental a comunicar libremente información, pues este derecho solo se refiere a la información veraz», argumenta el juez, que agrega que «la ocultación de datos (...) es tanto como faltar conscientemente a la verdad».

El magistrado entiende que la publicación con datos incompletos de la denuncia de acoso sexual tuvo «consecuencias gravísimas para un diplomático de carrera que el en momento de la información era presidente del Real Mallorca».

Tras conocer el fallo, Josep Pons ha hecho público un comunicado en el que expresa «su profunda satisfacción» y manifiesta que «ningún resarcimiento económico puede compensar el sufrimiento padecido, pero reconforta tener confirmación judicial de que no era cierto aquello que Obieta decía que había ocurrido».