Ayer a mediodía tuvo lugar una concentración espontánea de protesta de funcionarios en el patio de los juzgados de sa Gerreria, de Palma. | Teresa Ayuga

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Indignación. Es el sentimiento que comparten las patronales -en especial las del comercio y turísticas- y los sindicatos tras conocerse el último paquete de medidas de ajuste que ayer presentó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso de los Diputados. El incremento del IVA por una parte y la supresión de la paga de Navidad por otra aúnan a empresarios y trabajadores.

Todos los niveles del empresariado balear se manifestaron ayer en contra de los planes gubernamentales, pero el segmento de los trabajadores públicos es el que se siente más perseguido. Ellos también sufrirán el aumento del IVA, pero con una paga menos.

Otros planes
Desde Comisiones Obreras, Josep Ginard, calificó de «barbaridad» las intenciones del Gobierno y recordó que «con los recortes no se sale de la crisis». Desde su punto de vista hay una «demonización» de los servicios públicos planificada desde los poderes públicos, «es un ataque premeditado que se está traduciendo en una persecución de los trabajadores públicos, una estrategia que ya inició en la pasada legislatura el presidente Rodríguez Zapatero».

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«Vuelve a sacrificar a los trabajadores públicos para cuadrar las cuentas», apuntó, por su parte, Aurelio Martínez de la Unión General de Trabajadores (UGT). Este dirigente sindical coincidió en el análisis con su compañero de Comisiones Obreras: «El PP quiere hacer desaparecer los servicios públicos y que la sociedad lo avale». Para él los casos de funcionarios ineficientes «son anecdóticos y soy el primero en pedir que si se tumban a la bartola se les sancione, pero también son trabajadores públicos los médicos, los policías, los bomberos... y no diríamos que no cumplen perfectamente con su labor». En esta misma línea el representante del sindicato UGT insistió en que «es falso que los trabajadores públicos no trabajen».

Otro sindicato con especial incidencia en el sector público es el CSIF. Para su portavoz, Antònia Juan, «la supresión de la paga extraordinaria de Nadivad es otra pérdida de poder adquisitivo que se suma al recorte del 5 por ciento del pasado año».

Juan tiene claro que las medidas que ha propuesto Mariano Rajoy en el campo de los trabajadores públicos «no sirven para resolver la crisis. Los funcionarios no hemos creado la crisis, al contrario, somos sus víctimas». Desde su perspectiva «es obvio que hay una persecución a los trabajadores públicos».
Respecto a la imagen que tienen los funcinarios, la representante del CSIF indicó que «lo que ha habido es un exceso de cargos políticos y de empresas públicas, se han convertido en un coladero de amigos. Este es el verdadero problema».