Bauzá y Bravo, en una imagen de archivo tomada el pasado verano. | Joan Torres

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El presidente del Govern balear, José Ramón Bauzá, ha demandado al líder insular de UGT, Lorenzo Bravo, y también al sindicato por atentar contra su honor con insultos como «fascista», «prepotente», «inútil» y «chulo», vertidos en cinco actos públicos según recogieron los medios de comunicación.

La demanda civil de protección del derecho al honor del presidente del Govern, presentada por la Abogacía de la comunidad autónoma en su nombre, recoge cinco episodios de descalificaciones hacia Bauzá por parte de Bravo, ocurridos entre septiembre de 2011 y mayo de 2012.

Por su parte, en la respuesta a la demanda que será registrada hoy ante el juzgado de Primera Instancia número 4, el abogado de Bravo niega que las expresiones atenten contra el honor de Bauzá, las justifica y las atribuye al «fragor del cruce dialéctico entre demandante y demandado».

La demanda recoge frases de Bravo sobre Bauzá publicadas por la prensa como «es muy fascista este señor» o «lo que tiene que hacer es que vaya a menos fotos el menda este y echar más igualdad, más solidaridad, más integración y que se deje de hacer el gilipollas».

La demanda se fundamenta en los dictados de los tribunales Constitucional y Supremo sobre el derecho al honor y a no ser escarnecido o humillado.

En concreto cita una sentencia del Constitucional de noviembre de 2007 sobre la libertad de expresión en la que afirma que «lo que no reconoce» la Constitución «es un pretendido derecho al insulto que es incompatible con la norma fundamental».

La Abogacía considera que el hecho de que Bravo llamara «fascista» a Bauzá es una manifestación «claramente ofensiva e injuriosa, sin justificación alguna». Reprocha también expresiones como «el menda este», «el de la brillantina», «el engominado este» e «insinuaciones de una dependencia alcohólica que afecta a su capacidad» y las califica como «puro insulto» que «excede sin duda de la crítica amparada por la libertad de expresión».

Por todo ello, la Abogacía de la comunidad pide que las manifestaciones de Bravo se consideren «una intromisión ilegítima en el honor del actor», que se le condene a indemnizar al presidente con 6.000 euros por los perjuicios causados y que se publique la sentencia en los mismos medios que en su día reflejaron los insultos.