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El juez del caso Ossifar, Pedro Barceló, ha levantado el secreto de sumario de esta causa de supuesta corrupción vinculada a la empresa municipal Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado de Palma (Emaya) durante la legislatura 2003-2007, cuando estaba controlada por Unió Mallorquina (UM).

En un auto fechado el 27 de abril, el juez indica que ya no hay motivos suficientes para continuar manteniendo secretas las actuaciones de este caso destapado en agosto de 2011, que trata sobre una supuesta trama de corrupción vinculada a la empresa municipal que presidía Cristina Cerdó.

El juez del caso también ordenó, en otro auto fechado el 2 de mayo, el registro al día siguiente de la empresa Seguridad y Limpiezas S.A., que vendió a una UTE adjudicataria de Emaya unos contenedores soterrados que supusieron, según las acusaciones, un sobrecoste de entre 1,2 y 1,7 millones de euros frente a otras opciones más económicas.

En el auto, el titular del juzgado de instrucción 2 de Palma justifica el registro en las últimas declaraciones sobre el caso de un empresario y en documentación de la Agencia Tributaria sobre las operaciones con terceros de la empresa.

Estas dos nuevas pruebas inducen a sospechar, indica el juez, que, tal y como dijo el empresario, se hicieron facturas falsas en las que se incluyeron trabajos nunca realizados.

También se indaga si en la contratación de Seguridad y Limpiezas por parte de la UTE adjudicataria de los contenedores, formada por Pavimentaciones Bartolomé Ramón y Vías y Construcciones S.A., se crearon «documentos y contratos falseados para disimular una rebaja» a Vías y Construcciones en los precios de la adquisición de los contenedores.

En octubre de 2011 la policía detuvo dentro de esta causa a Cerdó, que presidió Emaya durante la legislatura 2003-2007.

Cerdó fue interrogada por tratos de favor a empresas vinculadas a UM, compra de votos y la supuesta colocación de afines al partido nacionalista en un departamento «fantasma» de Emaya creado para pagarles con dinero público mientras trabajaban para la formación política.

Otras de las personas imputadas son el dueño de Seguridad y Limpiezas, Juan Pocoví; el alcalde de Porreres por Convergència per les Illes (partido surgido de la extinta UM), Bernat Bauçà; la exgerente de Emaya Malén Tortella y Antonia Mascaró, consejera de la empresa Melchor Mascaró.

El juez investiga en el caso Ossifar los delitos de cohecho, falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos.