El diputado socialista Pablo Martín. | P. Pellicer

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El PSIB ha considerado este sábado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2012 convertirán a Balears en una «Comunidad Autónoma de segunda» y, por ello, ha exigido al presidente del Govern, José Ramón Bauzá, que «deje de comportarse como el portavoz del Gobierno central y luche por los intereses» de los ciudadanos de las islas.

En rueda de prensa, el diputado socialista Pablo Martín ha considerado que la disminución en 65 millones de euros para las políticas de transporte extrapeninsular hace «absolutamente imposible» que el descuento de residentes, las bonificaciones de las tasas aeroportuarias o los descuentos del transporte de mercancías no se vayan a ver «perjudicados».

Según ha dicho, con estos PGE el PP impone a la comunidad unos recortes «mucho más duros» que al resto de autonomías, ya que, a la bajada de los capítulos, se suman los recortes en infraestructuras y transportes, que, con el «handicap de la insularidad, hacen que el perjuicio sea descomunal».

Además, en relación a las inversiones estatutarias según las cuales las islas recibirían una cantidad de 2.800 millones de euros hasta el año 2014, Martín ha admitido tener la «corazonada» de que sufrirán una «disminución muy importante».

En este sentido, Martín ha considerado que, en materia de inversiones estatutarias y de infraestructuras, Baleares se puede ver «seriamente perjudicada» y ha indicado que habrá una disminución de las inversiones directas de los Ministerios, como el de Fomento, del que se dejarán de recibir la cantidad del convenio de carreteras.

Copago judicial

Por otra parte, ha señalado que una de las medidas que afectarán más a los baleares será la introducción del copago judicial, mediante el cual se tendrán que pagar diferentes tasas -de 500 euros para recurrir en lo contencioso-administrativo y de 1.200 en legislación civil- para proceder a realizar algunas apelaciones. Así, ha criticado que también se vaya a tener que pagar para apelar a la Segunda Instancia de los Social, lo que perjudicará a los trabajadores que hasta el momento acudían a la justicia.

Además, ha considerado que esto afectará más a Baleares puesto que, por su condición geográfica, tiene despachos de abogados «muy pequeños», que serán «los primeros afectados» ya que sus clientes no querrán interponer estos recursos al representar «una puñalada al sistema de justicia gratuito».

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Martín, a falta de conocer en profundidad los datos de los PGE, ha realizado una primera valoración del texto y ha manifestado que «por fin comprendemos» los motivos por los cuales «han estado ocultándolos deliberadamente» hasta después de las elecciones andaluzas y asturianas.

Presupuestos generales del Estado «perjudiciales, injustos e insolidarios»

Según el socialista, los PGE son «extremadamente perjudiciales, injustos e insolidarios» puesto que todas las personas, con independencia de sus condiciones económicas, tendrán que «asumir los costes de la crisis».

Asimismo, son «ineficaces para crear empleo» ya que disminuyen en 1.557 millones de euros las políticas activas de empleo, no contienen políticas de estímulo económico y son «extremadamente perjudiciales» para el Estado del Bienestar, ha opinado.

Martín también ha reprochado la reducción en un 13,7 por ciento las inversiones en sanidad, políticas sociales e igualdad y ha tildado de «ignominiosa y vergonzante la amnistía fiscal» ya que, cuando el Gobierno central tendría que combatir el fraude, se dedica, según él, ha «alentarlo».

«Comunidad de segunda cuando empezábamos a levantar cabeza»

No obstante, el socialista ha remarcado que esta situación todavía es peor en el caso de las islas, puesto que las cuentas provocarán que se conviertan en una «comunidad de segunda», especialmente en unos momentos en los que «empezábamos a levantar cabeza» tras el «injusto» sistema de financiación aprobado por el PP en el 2001.

El diputado ha destacado la coincidencia de color político entre los Ejecutivos central y autonómico y se ha mostrado «sorprendido» ante la «falta de fortaleza de Bauzá» pese a ser la «hora de exigir lo que nos corresponde como ciudadanos».

Martín ha censurado la «debilidad» con la que el presidente autonómico ha reclamado ante Madrid el convenio ferroviario y el de carreteras, así como el Fondo de Competitividad. Además, ha señalado que si el anterior Govern de Francesc Antich hubiese actuado de esta manera «nos hubiesen echado a los pies de los caballos» y ha reiterado la necesidad de que Bauzá deje de ser «el portavoz del Gobierno, el delegado del Gobierno o el delegado provincial en Baleares».