Según el observatorio de costes del Ministerio de Fomento, el combustible supone el 35% de los costes de explotación de una empresa de transportes, por lo que la aplicación de este nuevo impuesto «generaría un elevado sobrecoste que dificultaría la supervivencia de las empresas de transporte, además de afectar negativamente a la competitividad de toda la economía de Baleares».
La FEBT ha indicado en un comunicado que este nuevo impuesto «incrementa el coste del combustible que ya está situado en límites insostenibles para los profesionales del transporte» y ha querido destacar que entre enero de 2010 y enero de 2012 «el precio del gasóleo se ha visto incrementado en un 34,15%».
«El céntimo sanitario discrimina al sector del transporte por carretera sin ningún tipo de sentido y perjudicaría especialmente a los autónomos, pequeños y medianos empresarios, que verían mermados sustancialmente sus ya deteriorados resultados empresariales».
Asimismo, la Federación Empresarial ha indicado que la aplicación de este impuesto conllevaría necesariamente el incremento del precio de mercancías y tarifas, al no poder ser asumido por los transportistas, en el actual contexto de constante subida del precio del combustible y ha recordado que este impuesto se encuentra recurrido ante la UE y el tribunal de Luxemburgo deberá pronunciarse al respecto, «pudiendo ser declarado ilegal en cualquier momento».
En este sentido, la FEBT ha remarcado esta posibilidad porque «se aplica después de haber gravado el impuesto especial sobre hidrocarburos, armonizado en toda la UE» y «no persigue una finalidad específica, como exige la legislación comunitaria, sino que su objetivo es «fortalecer la autonomía de las comunidades proporcionándoles los medios para generar ingresos fiscales».
Evitar conflictos
La Federación ha indicado la potestad de Baleares para no aplicar el tramo autonómico del céntimo sanitario a los vehículos con autorización administrativa en vigor expedida por la Conselleria de Transportes del Govern, dedicados el transporte de mercancías por carretera y a los servicios públicos dedicados al transporte de viajeros por carretera en autocar y vehículos turismo (taxi y alquiler con conductor), «tal y como afortunadamente van a hacer en la Comunidad Valenciana y en Extremadura, donde se han atendido las reclamaciones del sector y dicho impuesto se devolverá íntegramente a los transportistas».
Por otra parte, la FEBT demanda soluciones para «mantener el tejido productivo transportista, por lo que es urgente una regulación análoga a la francesa que obligue al pago de las facturas en un plazo de 30 días, regular un gasóleo profesional efectivo, romper el funcionamiento monopolístico de las petroleras y flexibilizar la normativa de tiempos de conducción y descanso».
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A Espanya, tenim l'especialitat de les xapusses fiscales que ens duen als tribunals nacionals i europeus: canon electrònic, financiació de la tve, cèntim sanitari, etc. Fins i tot, m'estim més el copagament moderat, perquè, almenys, em deixa certa liberat de decidir, amb més de probabilitats (no absolutes) que els doblers vagin de bon de veres a la sanitat.