Caso Nóos

Empleados y autónomos vinculados al Duque de Palma detallan su estructura empresarial

| Barcelona |

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Unos 15 empleados y autónomos vinculados al entramado empresarial del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, han declarado la mañana de este lunes como testigos ante la policía judicial y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach para dar detalles sobre la estructura de estas actividades.

En una conversación con los periodistas a las puertas de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona en la Via Laietana donde se llevan a cabo estas declaraciones, el fiscal ha explicado que comparecerán en total unas 70 personas hasta el próximo miércoles por la tarde --entre 20 y 25 cada día--.

Los testigos --mitad trabajadores y mitad autónomos, aproximadamente-- explicarán ante el fiscal y ocho policías judiciales desplazados desde Palma, quién tomaba las decisiones en el entramado empresarial, cómo era su estructura y qué función y vinculación tenían los propios testigos con las actividades del Duque.

En concreto, se ha citado a empleados de Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L., Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goaes Center For Stakeholder Management, a través de las cuales presuntamente se desviaron los fondos recibidos de administraciones públicas para actividades de mecenazgo y consultoría.

Entre los citados que han comparecido este lunes por la mañana en calidad de testigo se encontraba el exjugador de baloncesto del FC Barcelona y del Joventut de Badalona José Antonio Montero que realizó trabajos de consultoría para el instituto Nóos.

La comitiva judicial se ha desplazado a Barcelona para tomar estas declaraciones «por una cuestión práctica» para no obligar a los testigos a viajar a Palma, por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de esta ciudad, que investiga el supuesto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos que presidía Urdangarin, y otras sociedades mercantiles vinculadas al yerno del Rey.

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que los hechos investigados podrían ser constitutivos de los delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos.

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