Esa cantidad corresponde a un convenio firmado entre el consorcio público IB-Blau y la asociaicón Bitácora, que tenía como objetivo la promoción del turismo náutico en Balears.
Ribas, defendido por el abogado Salvador Perera, explicó al juez y al fiscal anticorrupción Mifuel Ángel Subirán que él no participaba en aspectos de contratación o administración en Minser, ya que el administrador único era su socio Juan Carlos Escuer.
‘Call center'
Una parte de los 850.000 euros fue percibida por Minser para poder desarrollar una plataforma ('call center') de atención telemática sobre la oferta de turismo náutico, respecto a lo cual también fue interrogado Ribas.
Esta pieza separada del ‘caso Ibatur' se investiga el destino del dinero presupuestado para un convenio cuya duración era de cuatro años y su objetivo era la promoción y fomento del turismo náutico sostenible.
Según el escrito del fiscal Subirán, Bitácora, «carecía de toda solvencia profesional, puesto que había sido formalmente constituida el 17 de diciembre de 2007, y no constan operaciones con empresas y entidades durante los años 2008 y 2009 que no sean consecuencia del desarrollo del convenio suscrito con IB-Blau».
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