Barceló, Armengol y Carbonero, camino de la sala de prensa del Parlament. JOAN TORRES

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Una ley para «pagar favores». Así de contundente se mostró ayer el PSIB a la hora de definir el proyecto de Ley General Turística, que ahora está en fase de alegaciones y que supone, según los socialistas, la vuelta al modelo de «especulación» y «destrucción del territorio».

La portavoz del grupo parlamentario socialista, Francina Armengol, afirmó que si la ley se aprueba tal como está, el conseller de Turisme, Carlos Delgado, «podrá hacer lo que quiera con quien quiera». Según Armengol es «una ley que permite que Delgado pague favores» y planteó dudas sobre su legalidad.

Joana Barceló, que fue consellera de Turisme en la anterior legislatura, afirmó que esta ley «parece redactada a medida» y que sustrae competencias a los consells y a los ayuntamientos. Jaume Carbonero destacó que se rebajan parcelas mínimas y que supone, de hecho el inicio de «la barra libre» para cualquier proyecto.

Empresas mixtas

Los socialistas, que pidieron la retirada del proyecto y no descartaron presentar algún recurso ya que entienden que es inconstitucional, se quejaron de que la nueva norma supone un golpe a la oferta complementaria. Recordaron que la ley crea una nueva figura hotelera, la «empresa mixta» por la que se permite que alojamientos de cinco estrellas puedan extender sus servicios fuera del establecimiento.

La ley, a juicio del PSIB, colma las aspiraciones de grupos hoteleros concretos pero apuesta por el modelo residencial y da vía libre al Govern para cualquier proyecto.