Socías, entre representantes de la Administración central en una imagen de archivo. | Pere Bota

TW
43

Una decena de cargos de distinto nivel de la Administración del Estado en Balears, y no sólo el delegado del Gobierno, Ramón Socías, ya saben que su relevo está próximo. Es una consecuencia de las elecciones y de la inminente llegada de Rajoy a la presidencia del Ejecutivo.

Ramón Socías, el primero en caer. La primera ficha que se moverá en Balears es la del delegado de Gobierno, Ramón Socías, que ocupa ese puesto desde 2004. El relevo de los delegados del Gobierno se aprobará en alguno de los primeros consejos de ministros que presida Rajoy.

Tres asesores y el secretario general. Con Ramón Socías cesarán, automáticamente, otras tres personas con contratos vincualados al porpio delegado: su jefe de gabinete, Jaume Colom, y dos asesores; concretamente, el ex conseller de Presidència, Albert Moragues, y la periodista Francesca Burguera. Moragues se incorporó a la Delegación del Gobierno, de la que ya había sido asesor años antes, tras las autonómicas. El cese del número dos de Socías, el secretario general de la Delegación, Ramón Morey, tiene que ser firmado por el nuevo delegado. Morey es funcionario y se reincoporará a su anterior plaza.

Directores de Menorca y Eivissa. El delegado del Gobierno también propone a los directores insulares. El puesto del director insular de Eivissa está vacante. Xavier Tejero es el director insular de Menorca.

Las direcciones de área 'políticas'. El segundo nivel 'político' de la Administración del Estado está formado por las direcciones funcionales de área. Aunque, como en el resto de la Administración periférica, son puestos que deben ser ocupados por funcionarios de carrera, hay algunos que responden a criterios políticos y que dependen directamente de los ministerios, como Costas (Celestí Alomar, ex conseller de Turisme)o Educación (Mercè Amer, ex consellera d'Agricultura). El director provincial del Sanidad y Política Social, Antonio García Moles.

Cambios funcionariales. Una cincuentena de cargos forman la Administración del Estado, pero la mayoría continuará, salvo cambios funcionariales.