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El portavoz socialista en el Consell de Mallorca, Jaume Garau, ha censurado hoy que el Govern balear deje de pagar a la institución insular 42 millones de euros para 2012 con cargo a la futura ley de financiación de los consells.

De dicha cuantía, 37,5 millones de euros corresponden a lo acordado en relación a la nueva Ley de financiación, a los que hay que sumar 4 millones de euros por la subida del IPC. En total, la entrega a cuenta asciende a 42 millones de euros que dejará de ingresar y que representa una disminución del presupuesto global del Consell Insular del 14% para el próximo ejercicio, según lo calculado por los socialistas.

Garau, que ha comparecido en rueda de prensa junto al presidente del Grupo del PSIB en la Institución insular, Antoni Alemany, ha remarcado la «injusticia» que representa este «recorte» teniendo en cuenta, ha dicho, que la Administración balear dispondrá el año que viene de un aumento del 8,5% en sus Cuentas, gracias a la mejora de la financiación autonómica.

Este «recorte en la financiación» del Consell lo notarán los mallorquines, según ha advertido el portavoz socialista, dado que tendrá repercusiones negativas en el personal de la institución y en los servicios que ofrece, «que podrían verse reducidos ante la falta de presupuestos», ha advertido.

«Las actividades sociales, culturales y deportivas se podrían ver afectadas ante la decisión del Govern de dejar de transferir esta importante cantidad,», ha remarcado al respecto.

Ante ello, Garau ha anunciado que el Grupo Socialista en el Parlament balear presentará enmiendas con el objetivo de que el Ejecutivo liderado por José Ramón Bauzá «rectifique este error histórico, puesto que se produce por primera vez desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía, en 2007», al tiempo que ha señalado que la decisión «no obedece al espíritu del estatuto, ni a las necesidades de los ciudadanos de Mallorca».

Por su parte, Alemany, ha precisado que el Govern pagó al Consell de Mallorca 37,5 millones de euros en 2008, 2009 y 2010 con cargo a la futura ley de financiación, una cuantía que se contabilizó también en los presupuestos de 2011 pero que de momento no ha llegado.