El lema de la concentración ha sido "Mateo tu plan es muy feo". | Jaume Morey

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CCOO está estudiando si impugnará las medidas disciplinarias hacia los empleados públicos incluidas por el Ayuntamiento en un plan de racionalización del gasto, por entender que no tienen ninguna relación con la actual situación de dificultad económica.

El secretario general de CCOO en el Ayuntamiento de Palma, Pedro Castro, ha recordado, en declaraciones realizadas durante un acto de protesta frente a Cort, que el plan de racionalización se acoge al artículo 38 del Estatuto Básico de los Empleados Públicos, que permite suspender algunos de sus preceptos por una situación excepcional acreditada por un informe del departamento financiero.

Según Castro, hay puntos en el plan a los que no afecta el informe financiero ni tienen relación con la economía, como las medidas disciplinarias, de vigilancia del cumplimento del horario y el absentismo laboral, que derivarán en la apertura de expedientes de reducción de sueldo y de descuento automático en nómina.

«No entendemos a qué viene todo esto de la tarjeta identificativa y controles sorpresa en los que si no están en el puesto de trabajo se les puede denunciar por abandono del servicio», ha detallado Castro.

Con carteles de «Mateo, tu plan es muy feo» contra el alcalde, Mateo Isern, medio centenar de trabajadores del Ayuntamiento se han vuelto a manifestar hoy en la Plaza de Cort después de la primera protesta de la semana pasada para reclamar la retirada de dicho plan por considerar que «no es necesario y es injusto».

Pérdida de derechos

La Concejalía de Función Pública presentó el día 11 el plan de racionalización del gasto en materia de personal para ahorrar entre 3,5 y 4 millones de euros con medidas como dejar de pagar las horas extraordinarias del personal municipal y reorganizar los turnos para evitarlas, amortizar puestos cubiertos por interinos o reducir un 33 % el cobro de productividad.

Según Castro, «el ahorro que pueden obtener con estas medidas lo pueden conseguir de otras partidas sin necesidad de que los trabajadores pierdan derechos».

Ha señalado que la amortización de puestos de trabajo y la reducción de personal interino puede afectar a entre 20 y 80 trabajadores y «facilita la privatización de los servicios».

Solo Policía Local y Bomberos quedan excluidos de estas medidas, así como el departamento de Bienestar Social, que en un principio se incluyó. El sindicato espera contar con una lista de los afectados en el plazo de un mes.

Por el momento se han anunciado amortizaciones de cinco puestos de trabajo, cuatro de ellos en las brigadas de infraestructuras y un jefe de servicio de recursos humanos.

En cuanto a la supresión de las horas extraordinarias, ha augurado que «va a crear conflictos al organizar el trabajo» y supondrá el cierre de oficinas de atención a la ciudadanía lo que repercute en la calidad del servicio.

Según el responsable sindical, la reorganización de los horarios por esta causa es «totalmente inasumible» en el caso de la Policía Local porque «altera radicalmente la planificación»