La exalcaldesa Aina Calvo y el ex teniente de alcaldesa d'Hisenda, Andreu Alcover, comparecieron en rueda de prensa para explicar las alegaciones que presentarán a la modificación de la ordenanza para aplazar el pago de impuestos a los parados.

La exalcaldesa Aina Calvo compareció ayer en rueda de prensa, junto al que fuera responsable d'Hisenda la pasada legislatura, Andreu Alcover, para exigir al gobierno de Mateo Isern que amplíen el aplazamiento del pago de impuestos a todos los parados y no sólo a aquellos que pierdan su empleo hasta tres meses antes de la finalización del plazo del pago del periodo voluntario. Los socialistas calculan que si se aprueba la ordenanza en los términos en los que ha plantado el gobierno municipal podrían quedar fuera más de 32.865 parados, por el hecho de haber perdido el empleo antes del 15 de agosto de 2011.

Esta es una de las tres alegaciones que presentará el PSOE a la modificación de la ordenanza. No obstante, Calvo adelantó que no agotarán el plazo para presentar alegaciones para que la modificación se pueda votar en el pleno de septiembre.

Ilegal
Sin embargo, el portavoz del gobierno y teniente de alcalde d'Economia, Julio Martínez, aseguró que la propuesta de los socialistas es ilegal, porque la Ley General Tributaria no permite aplazar el pago de impuestos a todos los parados. «Nuestra propuesta se ajusta a la Ley General Tributaria y el gobierno no tiene pensado hacer nada ilegal», espetó Martínez que calificó de irresponsable la propuesta socialista. Cabe recordar que Martínez, cuando era portavoz de la oposición la pasada legislatura, ya presentó una proposición de moratoria tributaria para los parados en los mismos términos a la que pretenden llevar a cabo esta legislatura; el gobierno de Calvo votó en contra.

El PSOE también presentará alegaciones para que los parados queden exentos del pago de intereses de demora si optan por el aplazamiento del pago de sus impuestos. Alcover criticó, además, que la modificación de la ordenanza reduce el fraccionamiento de los pagos a la administración; así las deudas inferiores a 600 euros sólo se podrán fraccionar en dos pagos. También, exigieron a los populares que creen la comisión para la vigilancia de la ejecución presupuestaria, presidida por la oposición, tal y como se comprometieron durante la campaña electoral.

Por otra parte, el PSOE y el PSM-IV-ExM denunciaron ayer que el gobierno municipal no les de acceso al programa de contabilidad Sicalwin. Martínez negó que lo hayan solicitado formalmente.