Mateo Isern, Guillermo Navarro y Ramón Socías han presentado esta mañana el plan de seguridad. | Alejandro Sepúlveda

Ramon Socías, delegado del Gobierno, contesto ayer sin rodeos a las acusaciones vertidas por un conjunto de asociaciones que acusaban a la policía de promover deportaciones indiscriminadas en Son Gotleu.
Tras participar en la reunión de la Junta Local de Seguridad de Palma, Socías declaró que no se están llevando a cabo actuaciones «ni indiscriminadas ni discriminatorias, pero que se está cumpliendo la Ley». El delegado del Gobierno sostiene que los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, «tienen que hacer cumplir la ley, porque si no lo hiciésemos estaríamos prevaricando» e imperaría «la Ley de la Selva. Estamos en un país con garantías democráticas y no se puede mantener a personas en situación irregular», porque corren el riesgo de «caer en la explotación de las mafias» o bien «en la marginación y el delito».
Comparecencia
El Partido Popular pedirá la comparecencia de Ramon Socías. «Las competencias en materia de seguridad, de tráfico de drogas y de inmigración corresponden a esta administración del Estado», señaló Mabel Cabrer, quien ha dicho que el PP quiere saber qué ha hecho la delegación del Gobierno en Son Gotleu y cuáles son las previsiones de futuro para garantizar la seguridad ciudadana.
Por otra parte, Mateu Isern, afirmó que Cort destinará tres policías de barrio, tres unidades de patrulla (compuestas por un total de seis agentes), la mitad de las Unidades de Intervención Inmediata (UII) y, puntualmente, algunos efectivos del GAP, además de la Patrulla Verde, que se encargará de la inspección de los locales. Del mismo modo, Policía Local y Cuerpo Nacional de Policía intensificarán los controles conjuntos en la barriada. El alcalde reconoció que «el cuerpo me pide ir a Son Gotleu, pero por seguridad y estrategia he decidido no ir».