Imagen de los terrenos de ses Fontanelles, en la Platja de Palma. | S. Amengual

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El Govern de José Ramón Bauzá se ha encontrado sobre la mesa reclamaciones de promotores y particulares por la vía judicial que solicitan indemnizaciones que ascienden a 917 millones de euros. En concreto, estas reclamaciones derivan de la aprobación de la ley 4/2008 por parte del Parlament, que fue aprobado con los votos de las fuerzas progresistas.

La Cámara autonómica aprobó en mayo de 2008 una nueva ley de protección del territorio, que preservaba 10 áreas en Mallorca y 5 en Eivissa, además de suspender los proyectos de urbanización de Ses Fontanelles, Ses Freixes y derogar la ley de campos de golf. La ley fue aprobada con un alto grado de consenso, aunque durante el debate se produjo una advertencia del grupo popular y de Unió Mallorquina.

Indemnizaciones

En la recta final de la tramitación, el PP lamentó que el Govern no hubiese previsto partidas para pagar las posibles indemnizaciones que supondrán la protección de estos nuevos espacios. El PP se quedó corto y calculó que existía el riesgo de pagar 150 millones de indemnización, 767 millones menos de lo que reclaman promotoras y particulares, si bien la última palabra la tendrán los jueces. En el mismo sentido se pronunció Unió Mallorquina, que en ese momento formaba parte del Govern.

De esta forma, la ley 4/2008 preservaba Cala Blanca (21,2 ha) y Montport (25,51), en Andratx, Cala Marçal (132,6), Son Real (602,65), Alcanada (20,04), Regana (86,02), Can Vairet i alt (274,06), Muleta (4,61), El Vilar (6,75) y Cala Carbó (17,55), donde se paralizaba de forma definitiva cualquier edificación.

Asimismo, la ley que aprobó en mayo de 2008 el Parlament impedía cualquier urbanización en La Victoria, las Dunas de Son Real, Punta Negra-Cala Mitjana, Marina de Llucmajor, Cap de Cala Figuera-Rafalbetx, Cap des Llamp y las Areas Naturales de la Serra de Tramuntana. En total, unas 1.400 hectáreas quedaban protegidas.

Si bien casi todas estas áreas protegidas estaban sin desarrollar, los propietarios exigen ahora que se respeten sus derechos urbanísticos. «No sabemos qué puede pasar en los tribunales, pero evidentemente esta situación puede agravar aún más la maltrecha situación de las arcas autonómicas», señaló un miembro del Govern a propósito de las reclamaciones que plantean los propietarios de los terrenos que fueron desclasificados hace algo más de dos años.

Este mismo representante del Ejecutivo autonómico explicó que, aunque se pueda alcanzar un acuerdo amistoso con los propietarios, la cantidad global en concepto de indemnización también sería inasumible para las arcas de la Comunitat Autònoma.

Por este motivo, el Govern se propone como uno de sus principales objetivos garantizar la seguridad jurídica, es decir, velar por mantener los derechos urbanísticos de los propietarios de terrenos.