La reforma que elabora el Gobierno de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que dará al fiscal la dirección de la investigación en el proceso penal es positiva para la mayoría de los operadores jurídicos consultados por este diario, con algunas excepciones, sobre todo, a las que atañen al aumento de los medios humanos y materiales que deben acompañar esa iniciativa.
Según el anteproyecto, «el juez de instrucción vería reducida su competencia a las funciones estrictamente jurisdiccionales, de modo que la práctica de los actos de investigación sería encomendada al Ministerio Fiscal y la Policía Judicial, mientras que el juez conserva sus atribuciones en todo lo relativo a la adopción de medidas limitativas de los derechos fundamentales, medidas cautelares y actos de prueba anticipada y preconstituida». Si la reforma se aprueba tal y cómo establece el borrador, supondría un cambio trascendental del proceso penal tal y cómo se conoce hasta ahora. Los fiscales asumirían la dirección de la investigación de las causas y los jueces de instrucción verían reducida su competencia a las funciones estrictamente jurisdiccionales. Para que ello ocurra, el Ministerio Público cree imprescindible un aumento de los medios para que ello se traduzca no sólo en el incremento del principio acusatorio, sino también la celeridad de la fase instructora, donde actualmente se concentran la mayoría de las dilaciones indebidas.
Algunos de los encuestados destacaron la gran importancia de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal como medio para separar la instrucción y que no sea el mismo juez el que instruya y que adopte medidas.
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