El actual Ejecutivo autonómico cuenta con 350 millones bloqueados, que no significa que este dinero esté disponible. Son, en realidad, 350 millones comprometidos que no se gastarán, pero no están en caja para contingencias del nuevo Govern.
La intención del gabinete de José Ramón Bauzá es aprobar en las próximas semanas el decreto ley de medidas urgentes con la idea de que se apruebe con urgencia y pueda aplicarse antes de terminar el verano.
Autorización
Cualquier medida financiera que se adopte deberá ser aprobada por el Consejo de Política Fiscal. El Ministerio de Economía dispone de un plan de estabilidad presupuestaria del Govern saliente, que presentó un documento con distintas propuestas para reducir el déficit.
El departamento que dirige la vicepresidenta Elena Salgado todavía no se ha pronunciado.
Hasta que el plan de estabilidad presupuestaria no sea aprobado, el Govern no tendrá autorización para incrementar el endeudamiento y pagar a los proveedores.
La situación empieza a ser dramática, reconocen desde el Govern. Las deudas con los proveedores que comenzaron a conocerse en plena campaña electoral están plenamente confirmadas e incluso el Parlament está casi en situación de números rojos. La Cámara autonómica sólo dispone de dos meses de margen para abonar el sueldo a sus funcionarios, según publicó ayer este diario.
Sin embargo, desde el Govern dejan claro que en ningún momento ha peligrado el abono de los sueldos de los funcionarios y que hay disponibilidad en caja, mediante pólizas de crédito, para hacer los pagos a los trabajadores públicos en el futuro.
El Govern de Bauzá quiere crear un clima de confianza en las primeras semanas de su mandato para poder acometer las reformas drásticas en la administración y, sobre todo, generar un clima de solvencia de las entidades bancarias para obtener más financiación.
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