Francesc Triay (derecha), junto a su abogado, Eduardo Valdivia.

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El presidente de la Autoritat Portuària, Francesc Triay, defendió ayer ante el juez instructor del 'caso Puertos', Antoni Rotger, la legalidad del concurso para explotar amarres en el Port de Maò, y ha asegurado que la oferta presentada por Trapsayates, finalmente adjudicataria del concurso y propiedad entonces del expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, era la mejor posicionada en ese concurso.

La causa investiga si el el Club Marítimo de Maó y Trapsayates alcanzaron un acuerdo para que la entidad deportiva fuese declarada ganadora del concurso, pese a que había quedado por detrás de la sociedad de Díaz Ferrán. Todo ello al margen del dictamen de la mesa de contratación y del proceso de adjudicación.

Renuncia

Trapsayates debía renunciar a la adjudicación a cambio de recibir tres amarres de 27 metros de eslora, valorados en 4,5 millones de euros, y 15.000 euros.

Ese preacuerdo, finalmente, no llegó a cristalizar y, según explicó Triay al juez, «porque era de imposible cumplimiento, ya que el Club Martítimo de Maò, en el caso de que fuera el adjudicatario de los amarres, de ninguna manera podía ceder tres amarres a nadie durante el tiempo de la concesión porque está expresamente prohibido por el pliego de bases», aseguró. Preguntado si conocía a Díaz Ferrán, el presidente de la Autoritat Portuària respondió que no, y que «nunca» había hablado con él. Triay, defendido por el abogado Eduardo Valdivia, declaró en calidad de imputado.