Según confirmaron ayer a este diario fuentes próximas a la investigación, los controladores aéreos tendrán que responder, probablemente, por los delitos de sedición y abandono de sus puestos de trabajo, dos ilícitos penales que ya se mencionan en otras causas abiertas contra ese colectivo en los juzgados españoles que ya están tramitando las distintas denuncias presentadas por el Ministerio Público.
Los profesionales que dirigen el tráfico aéreo en Balears y que se negaron a trabajar los pasados días 3 y 4 de diciembre son unos ochenta, y todos ellos ya han prestado declaración ante la Guardia Civil, algunos como testigos y otros en calidad de imputados.
El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Palma, Juan Catany, que ha asumido la causa, citará a declarar a los controladores inmediatamente después de haber estudiado los expedientes que les ha remitido la Fiscalía de Balears y el atestado de la Guardia Civil.
Investigaciones
Este diario intentó contactar ayer con el portavoz del sindicato Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) en Balears, Javier Zenón, para que se pronunciara sobre la decisión de la Fiscalía, pero estaba ilocalizable.
La Policía Judicial inició las investigaciones en Palma durante las pasadas Navidades al entregar a los controladores de la torre de control y el centro de control las citaciones en calidad de imputados.
Por ese motivo, según el USCA varios de esos profesionales debieron ser atendidos por el servicios médico y algunos tardaron cerca de dos horas en recuperarse de varios cuadros de ansiedad.
El Gobierno decretó el 'estado de alarma' en las torres y centros de control de todos los aeropuertos españoles para garantizar el tráfico aéreo en las pasadas fiestas de Navidad y Fin de Año.
Por este motivo, en las instalaciones siempre estuvo presente un oficial del Ejército del Aire que verificó la presencia de los controladores en sus respectivos puestos de trabajo.
Según aseguraron los controladores se podía haber mantenido el espacio aéreo abierto en Balears en esos días críticos en un porcentaje del cincuenta por ciento. Con ello, «se podría haber evitado la catástrofe que supuso el cierre total del espacio aéreo en los aeropuertos de Maó, Eivissa y Son Sant Joan», declaró en su momento Javier Zenón.
USCA afirma que más hubiera valido esperar tener retrasos en vez de cancelar los vuelos tal y como sucedió al decretarse el cierre temporal del espacio aéreo. Sin embargo, según Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) el cierre del espacio aéreo español se inició con el de Madrid y paulatinamente afectó al resto de Centros de Control, entre ellos los de Balears, a medida que los controladores abandonaron sus puestos de trabajo. Los controladores aéreos no respondieron a las preguntas formuladas por la Guardia Civil siguiendo instrucciones de sus sindicatos.
4 comentarios
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que triste pensar que a una persona se la pueda condenar a 8 años de prisión, por encontrarse mal un día de su trabajo, y me da exactamente igual si fuera o no fingido, pues no puso la vida de nadie en peligro. y que la gente lo aplauda, pensar que en las carceles hay solo traficantes, ladrones, violadores, etarras etc. y por mucho que os hayan envenado el gobierno contra ellos,siguen siendo trabajadores
Cuando los médicos hagan huelga ... que les militaricen. Cuando los empleados de bancos hagan huelga ... que les militaricen. Cuando los panaderos hagan huelga ... que les militaricen. Cuando los políticos (es un decir) hagan huelga ... QUE LES CORTEN LA CABEZA. Vaya tristeza de país "democrático".
Quien cerró el espacio aéreo fue el director de Aena sin faltar nadie en su puesto de trabajo. Por mucho que Pepiño y los fiscales a sueldo quieran, la verdad y la justicia triunfará. Los afectados que reclamen ante el verdadero culpable: EL GOBIERNO INEPTO QUE TENEMOS EN ESPAÑA
Volaron el Puente de la Constitución a 600.000 ciudadanos, rompieron sus ilusiones, sentimentales, familiares, profesionales, y pretendían que les saliera gratis este abandono del puesto de trabajo en un servicio público aeroportuario. Se les puede aplicar perfectamente el artículo 20 de la Ley de Navegación Aérea, que entró en vigor en tiempos de Franco y sigue en vigor, tipificando su delito como sedición, como ya dijera el Fiscal General del Estado Cándido Conde Pumpido, consultado por el Gabinete de crisis del Gobierno. Les pueden caer hasta 8 años de prisión y el embargo de sus bienes y salarios para hacer frente a las responsabilidades civiles pecuniarias.