Cort ha hecho público el informe técnico sobre el derrumbe de un edificio en la calle Rodríguez Arias de Palma. | Efe

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Los técnicos han concluido que el derrumbe del edificio de la calle Rodríguez Arias, ocurrido en octubre de 2009 y en el que murieron siete personas, se debió a que fallaron los muros de marés de la planta baja por envejecimiento del material y no soportaron los tres pisos que se habían construido encima en 1958.

El arquitecto y experto en patologías de edificios Salvador Juan, responsable del informe, ha explicado en una rueda de prensa que «la causa fue una rotura frágil por presión en la zona de la esquina», ocurrida en la planta baja, probablemente a la altura de las ventanas, donde se rompieron los machones de marés.

Según Juan, el derrumbe se circunscribe a un fallo del propio edificio, no al entorno, y se debe a su particular estructura.

De hecho, solo se derrumbó un 60% del edificio, la parte donde se habían remontado tres plantas en 1958 sobre una planta baja preexistente. Quedó en pie un 40% que fue derribado horas después de forma controlada y que era la parte que se erigió sobre un patio.

La hipótesis de los técnicos indica que el marés de esa planta baja preexistente falló tras aguantar muchos años y lo hizo «por el envejecimiento del material y posibles humedades», ha señalado Juan, que ha puntualizado que cuando se produce lo que ha denominado «rotura frágil», los indicios solo aparecen «cuando está a punto de fallar» y «con tiempo mínimo de reacción».

Un derrumbe inevitable

La concejal de Urbanismo, Yolanda Garví, ha asegurado que el Ajuntament no ha hallado constancia de las supuestas grietas denunciadas por los vecinos y ha añadido que el consistorio no hubiera podido evitar el derrumbamiento.

«No había ningún aviso de nadie que hiciera que el Ajuntament hubiera podido tomar medidas», ha añadido Garví, que ha recordado que «el edificio estaba recién pintado, por lo que aparentemente la fachada no tenía nada». Tampoco era obligatorio que hubiera pasado una inspección hasta los próximos años, porque la última licencia de obra mayor databa de 1958.

Garví ha subrayado que el hecho de que el problema se circunscriba al propio edificio «es algo muy importante para dar tranquilidad a todos los vecinos del Camp den Serralta» porque significa que el derrumbe «es un hecho extraordinario que no se puede hacer extensible a otros edificios».

La jefa del servicio de Inspección Técnica de Edificios (ITE), Catalina Frau, ha recordado que la tragedia se agravó por haber ocurrido a medianoche y porque «cayó justamente la parte de los dormitorios y la sala-comedor» y quedó en pie la cocina y la escalera de las viviendas.

Frau ha recordado la historia del inmueble, cuyos primeros indicios hallados en los archivos municipales se remontan a una casa de planta baja existente en 1935 que fue segregada en dos en 1938. Se volvió a dividir en 1958 y en la mitad situada en la esquina se añadieron tres pisos encima de la planta baja.

Los técnicos encontraron el proyecto de 1958, con planos de fachada y distribución pero sin datos sobre estructura y cimientos.

"Un rompecabezas"

El arquitecto Salvador Juan ha detallado que la investigación de las causas «ha sido un rompecabezas», realizado como si una catástrofe aérea se analiza sin contar con la caja negra «ni saber el modelo del avión».

Se estudiaron las cargas permanentes y variables, se midió la resistencia del marés y se pesó el material que soportaba y «se vio que los puntos de situación más comprometida estaban en la zona de la esquina de Rodríguez Arias con Alós, junto a la puerta de entrada, y en toda la vertical situada sobre el pilar número 7», áreas donde se produjo la «rotura frágil».

«Hemos intentado desde el primer momento actuar con la máxima responsabilidad y prudencia», ha asegurado Garví, que ha explicado que el Ayuntamiento tuvo un primer informe de lo ocurrido en enero del año pasado, otro en junio, y el definitivo en noviembre, pero no lo ha hecho público hasta que los técnicos han ratificado ante el juez sus conclusiones, algo que ocurrió el pasado 8 de febrero.

Acerca de una posible depuración de responsabilidades por el derrumbe, Garví ha señalado que «el Ayuntamiento está tranquilo» con el informe de las conclusiones y «en sede judicial se tomarán las decisiones oportunas»