Alcover manifestó que sino se presenta ninguna oferta en este tiempo decidirán si reforman el edificio o lo demuelen. Para no perder el tiempo, siguen trabajando en el proyecto de reforma. No obstante, añadió que la primera opción es la de la venta, ya que la reforma superaría los cinco millones de euros. De hecho, el equipo de gobierno de Aina Calvo se planteó reformarlo con el Plan E, pero el coste del proyecto superaba la cantidad económica máxima establecida. El regidor d'Hisenda añadió que la demolición, cuyo coste sería de 1,5 millones de euros, es la última posibilidad que contemplan, ya que el Consistorio palmesano perdería valor patrimonial.
Uso comercial
Un aspecto a tener en cuenta es que el uso del edificio Flex es comercial. Alcover señaló que no se plantean modificar su uso en la revisión del Plan General, que comenzará en septiembre, ya que podría suponer años y hay que dar una solución urgente a este problema que ya se prolonga desde hace demasiados años.
Los empresarios de Son Fuster han denunciado en repetidas ocasiones el mal estado en el que se encuentra el inmueble, en el que viven varios indigentes y que en más de una ocasión se ha incendiado. Cort inició el desalojo del edificio Flex hace dos meses, pero los vecinos de la zona aseguran que ha vuelto a ser ocupado; Alcover espera que en septiembre esté totalmente desalojado.
El equipo de gobierno está a la espera de la resolución judicial que les permita entrar en el edificio Flex. Cabe recordar, que el juez dio la razón a Layetana y la subasta por la que la inmobiliaria adquirió el inmueble por algo más de 9 millones más IVA fue declarada nula. En concreto, el concurso se hizo mal, ya que el edificio no estaba desafectado. La Junta de Gobierno aprobó ayer la desafección del edificio Flex, es decir, pasarlo de dominio público a patrimonial.
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