El ayuntamiendo ha aprobado la ordenanza contra el botellón después de semanas de polémica. | Joan Torres

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El Ayuntamiento de Palma ha acordado hoy por unanimidad la aprobación inicial de la ordenanza reguladora del uso cívico de los espacios públicos, conocida como «ordenanza del botellón», que prohíbe a los menores beber en la vía pública y las concentraciones en la misma que alteren la convivencia ciudadana.

A partir de su próxima publicación en el BOIB, se abre un plazo de 45 días para presentar alegaciones a la ordenanza, que serán estudiadas para su incorporación o rechazo por una comisión, antes de que la norma se apruebe de forma definitiva en otro pleno municipal, previsiblemente en otoño.

La ordenanza prohíbe las concentraciones callejeras espontáneas y no autorizadas que puedan resultar molestas y prevé que puedan ser disueltas cuando sean ruidosas, generen suciedad, sean «denigrantes» para los viandantes y dificulten el uso normal o la circulación en el espacio público. También prohíbe de forma expresa que los menores beban alcohol en la vía pública, algo que no contemplaba hasta ahora ninguna normativa vigente en Baleares, y establece que cuando un área de la ciudad sufra reiteradamente aglomeraciones molestas será declarada zona de intervención especial y se impedirá cualquier concentración en ella de las 22.00 a las 8.00 horas.

El texto aprobado hoy parte del acordado el pasado 14 de julio por la junta de Gobierno del Ayuntamiento, pero incluye propuestas del grupo popular como la prohibición expresa de las concentraciones «asociadas a la práctica del 'botellón'». Antes la ordenanza no incluía la palabra «botellón». Otra novedad incorporada a propuesta del PP es que, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria de los padres de las acciones que puedan cometer los menores que dependan de ellos, también serán considerados «responsables director y/o solidarios de las infracciones».

La alcaldesa de Palma, Aina Calvo, ha agradecido el trabajo conjunto de los grupos para llevar adelante una ordenanza que responde a «un nuevo fenómeno que requería un nuevo marco jurídico», así como las contribuciones de entidades y vecinos que «han decidido formar parte de la solución y no del problema».

La concejal de Igualdad, Derechos Cívicos, Educación y Deportes, Cristina Ferrer, principal responsable del texto acordado, ha agradecido emocionada el respaldo de todos los grupos. El portavoz de Unió Mallorquina, Llorenc Palmer, ha agradecido en especial la labor de Ferrer y ha admitido que la tramitación ha sido «difícil».

El teniente de alcaldesa de Seguridad Ciudadana y Movilidad, José Hila, ha incidido en que la norma supondrá que el Ayuntamiento tendrá un plan de acción contra el «botellón» en cuestión de meses y ha señalado que además permitirá regular otros usos del espacio público como lugar de encuentro.

«Solucionarlo todo es difícil, pero empezar a poner solución sí se puede», ha dicho Hila, quien ha pedido colaboración a las familias en contra del «botellón». El teniente de alcaldesa y concejal de Bienestar Social, Trabajo, Participación y Cultura, Eberhard Grosske, ha asegurado que la ordenanza es «preventiva muy flexible, conveniente y adecuada» y «disipa cualquier fantasma» sobre la posibilidad de crear «una ciudad de primera y otra de segunda» al extender su ámbito a toda la ciudad y no solo al eje del problema, el Paseo Marítimo.

«Ni las ordenanzas arreglan el tema ni la voluntad política hace milagros», ha admitido Grosske en relación a la eliminación del fenómeno del «botellón», pero ha señalado que con la ordenanza se protege a los vecinos y «la ciudad da un paso de gigante en la mejora de la convivencia de la calidad de vida de sus habitantes».

El portavoz del grupo popular, Julio Martínez, ha incidido en que la norma aprobada hoy «no es la panacea», pero acota una fenómeno que se había convertido en «un espectáculo lamentable» que demandaba «acciones contundentes» y ha subrayado el esfuerzo realizado por el PP al retirar una enmienda a la totalidad de la norma en pro del consenso.

En nombre de la plataforma de asociaciones vecinales y otras entidades contraria al «botellón», el abogado de la Asociación de Vecinos de Son Armadams, Victoriano de Isasi, ha celebrado la aprobación inicial de la ordenanza «después de una década de sufrimientos». Ha insistido en que este fenómeno es «una lacra para la sociedad que debe ser erradicada» y se ha mostrado partidario de que se endurezca la ordenanza de forma que contemple «la total prohibición» del consumo de bebidas alcohólicas en la calle y no su limitación a la población joven.