Juan Carlos Alía quedó en libertad bajo fianza cuando declaró la primera vez ante el juez. | Jaume Morey

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Las supuestas pruebas «demoledoras» en su contra que le enseñaron los fiscales anticorrupción, no apartaron lo más mínimo al ex gerente del Ibatur Juan Carlos Alía de su principal tesis de defensa en la 'operación Pasarela', y que no es otra que la de negar de manera sistemática cualquier irregularidad en su gestión.

«No he cobrado comisiones (entre el 10 y el 14 por ciento, según el Ministeio Público) ni me consta ningún hecho irregular», declaró Alía el pasado sábado, poco antes de ser enviado a prisión por el magistrado Juan Ignacio Lope Sola.

Rasputín

El ex gerente de Ibatur decidió asumir toda la responsabilidad, al igual que lo hizo en 2004, cuando estalló el 'caso Rasputín' -Alía pagó una salida nocturna a ese club erótico moscovita con fondos públicos-, que le obligó a presentar su dimisión.

En la 'operación Pasarela', como en el 'caso Rasputín', Alía se negó a «a tirar de la manta» y acusar a sus superiores, según las fuentes jurídicas consultadas por este diario.

La insistencia de Alía en asumir en solitario toda la responsabilidad en los hechos investigados, aún a costa de su ingreso en la cárcel de Palma, como así ocurrió, dejó perplejos a los fiscales, que no tuvieron más opción que pedir al juez medidas más contundentes contra el imputado.

Alía fue interrogado el pasado sábado en las dependencias del juzgado de guardia, que ese día correspondía a Instrucción 2. Se presentó como un imputado en libertad bajo fianza de 30.000 euros, situación procesal que el juez varió por la de prisión incondicional sin fianza.

Fondos públicos

En la 'operación Pasarela', que comenzó el 29 de junio a iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción, se investiga el supuesto desvío de fondos públicos del Ibatur, mediante contratos irregulares, cuando este organismo público fue gestionado por el PP en la pasada legislatura autonómica (2003-2007).

En la primera fase de esta operación se detuvo a trece personas -todas ellas en libertad con o sin fianza- y se registraron cinco empresas y una fundación en Mallorca y Madrid relacionadas con el Ibatur.

El juez debe resolver en los próximos días el recurso de reforma y subsidiario de apelación en contra del ingreso en prisión de Alía presentado por su abogado, Llorenç Salvá.