Guillem Deyà, dueño de la empresa Espiral, ha quedado en libertad bajo fianza de 100.000 euros. | Alejandro Sepúlveda

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El dueño de la empresa Espiral Comunicación, Guillem Deià, admitió ante el Cuerpo Nacional de Policía que su empresa dio un «trato especial» al Partido Popular durante la campaña electoral de 2007. El empresario, detenido el martes en la 'operación Pasarela', fue interrogado ayer por el juez Juan Ignacio Lope Sola quien decretó su ingreso en prisión eludible con el pago de una fianza de 100.000 euros, el total de la solicitada por la Fiscalía y la misma que se impuso en esta causa al empresario Juan Velasco, propietario de otra empresa de publicidad sospechosa de haber recibido fondos de Ibatur. El magistrado imputa a Deià cuatro delitos: fraude, cohecho, malversación y falsedad.
Deià señaló a los investigadores que facturó los trabajos que realizó al Partido Popular a un precio más bajo del habitual. Sostuvo que, en todo caso, este precio no era por debajo de coste, sino que todavía mantenía un margen de beneficio. Además, aportó un reconocimiento de deuda firmado por la ex gerente del PP, Antonia Estarellas, en el que reconoce que la formación debe a Espiral un total de 50.000 euros de la última campaña electoral. En todo caso, el empresario también señaló a preguntas de sus letrados, Eduardo San José y Alberto García que ha trabajado con otras formaciones políticas de Balears que también le adeudan distintas cantidades.
Parte de la investigación en el 'caso Ibatur' se dirige a esclarecer si con contratos hinchados o facturas falsas, el anterior Govern usaba el instituto público para pagar a las empresas que más tarde realizaron la última campaña electoral, la última en la que Jaume Matas encabezó las listas populares y en la que Rosa Estarás fue cabeza de lista al Consell Insular.
Tras declarar en la policía en durante la noche del miércoles, ayer en torno a las nueve y media de la mañana, Deià y el empresario Bartomeu Morey fueron puestos a disposición judicial. El magistrado retiró al pasaporte al segundo, al que también ha impuesto la obligación de personarse en sede judicial dos veces al mes. Fuentes cercanas a Espiral señalan que todos los trabajos que la empresa facturó a Ibatur se realizaron y que pueden acreditar cada uno de los encargos que les realizó el Govern.