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El constructor que realizó las obras de rehabilitación del palacete que el ex presidente balear Jaume Matas compró en Palma, Juan Serra, ha declarado hoy ante el juez instructor del «caso Palma Arena» que no cobró dinero negro cuando reformó hace años una vivienda en Palma de la madre de Matas.

Serra ha comparecido como testigo ante el titular del juzgado de instrucción 3 de Palma, José Castro, durante unos 45 minutos, y ha sido preguntado por una vivienda de la madre de Matas situada en la Rambla de la capital balear.

Hace años, el constructor reformó esta vivienda, aunque Serra ha asegurado hoy al juez que, pese a que cobró 18.000 euros en metálico, no cobró ningún dinero en negro y que todas las obras se facturaron con IVA.

El pasado noviembre, Serra declaró ante el juez que por la reforma del palacete de Matas cobró varios miles de euros en negro de mano del cuñado de Matas, Fernando Areal -también imputado en el caso-, que entonces era gerente del PP. Este constructor realizó asimismo obras de reforma en la sede del PP en Palma.

Más declaraciones

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Los sobrinos del periodista Antonio Alemany, quienes hoy también prestaron declaración en calidad de imputados ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, en el marco del caso Palma Arena, defendieron que su participación en la gestión de las sociedades de su tío, entre ellas la Agencia Balear de Noticias (ABN) -que se encuentra bajo investigación judicial en este procedimiento- fue mínima y simbólica.

Así lo pusieron de manifiesto Miguel Mateo y Lucía Oliver ante el magistrado y el fiscal Pedro Horrach, al ser interrogados acerca de la subvención de 449.734 euros que percibió en 2006 por parte del Govern ABN, en nombre de la cual se presentó como proveedor Miguel Oliver pese a estar la agencia «plenamente identificada» con Alemany, tal y como expuso el juez en uno de sus autos.

Según informaron fuentes jurídicas a Europa Press, ambos encausados, asistidos por el letrado Martín Bonet, negaron haber tenido poder decisorio en esta entidad, pese a que el juez, en la resolución que dictó para decretar prisión bajo fianza de tres millones de euros para el ex presidente del Govern, Jaume Matas, expuso que fue Miguel Oliver quien se presentó en nombre de la agencia de noticias para tramitar la subvención.

En este sentido, el imputado aseveró que se emitió un poder por parte de Alemany para que pudiera tramitarse en su nombre la subvención en forma de cantidades «con factura y declaradas». Según el auto de Castro, es «significativo que en las relaciones de proveedores que acompañan a las justificaciones aparezca Antonio Alemany como proveedor a nivel particular, facturando 28.789 euros entre 2006 y 2007, lo que también hacen aunque en cantidades inferiores» Miguel y Lucía Oliver.

Se da la circunstancia de que el entonces director general de Comunicación del Govern, Joan Martorell, reconoció ante el juez que personalmente recibió la instrucción de Matas de que apoyara económicamente a Alemany. Así lo transmitió a la jefa de Negociado de su departamento, comunicándoles que «en la medida de lo posible pongamos el máximo de subvención para el señor Alemany», a quien identificó con ABN «porque me lo había dicho el presidente».

Durante las declaraciones, el magistrado les preguntó asimismo acerca de quienes entonces trabajaban en la Agencia Balear de Noticias, algunos de los cuales podrían ser citados por Castro para continuar indagando sobre el funcionamiento y la gestión de este medio de comunicación.