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La auditoría del Imfof (durante la presidencia de Cristina Cerdó) que Cort ha enviado a la Fiscalía señala que «tras analizar un número significativo de contratación, que en su práctica totalidad son contratos de menor cuantía, evidencia que existe una ausencia de previsión global de necesidades a satisfacer». Además, argumenta que «esta ausencia de programación se refleja en la carencia absoluta de información en el perfil del contratante». La auditoría señala, «quizá por la falta de previsión, un fraccionamiento de los objetos contractuales. Si bien en algunos tan sólo se aprecia una sucesión de contratos menores que conjuntament no superan tampoco la cuantía de 18.000 euros». Sí se han detectado «dos prácticas de fraccionamiento que han permitido eludir el cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia».
Otra práctica que se ha dectectado es la de «proceder al pago de los importes de las facturas de cuantías poco significativas sin proceder a la aprobación del gasto». También se han apreciado contrataciones masivas para la celebración de eventos «que en sus objetos parecen no obedecer a los principios de necesidad e idoneidad».
El presidente del PP de Palma, José María Rodríguez, se mostró convencido de que en otras empresas «hay expedientes similares que no se llevan a la Fiscalía». Además, añadió que «la vida política hemos de ser capaces de hacerla más transparente y eficaz y no hacerlo con revancha». Rodríguez aseguró que la alcaldesa Aina Calvo «es la principal responsable y ha de responder de la gestión municipal».