Cardona y su abogado Josep Zaforteza tras declarar en el TSJB | Jaume Morey

5

El ex conseller de Comerç i Indústria durante la pasada legislatura, Josep Juan Cardona, quedó ayer a la espera de la decisión del magistrado instructor del 'caso Scala' en el Tribunal Superior de Justícia de Balears, Antoni Capó, sobre la petición de una fianza de responsabilidad civil formulada por los fiscales y la acusación particular al término de su declaración, la cual se prolongó por espacio de tres horas.
La Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la abogada de la Comunitat Autònoma Maria Angeles Berrocal, acordaron solicitar para el diputado ibicenco del PP un total de 4.875.441,42 euros en concepto de responsabilidad civil ante la Administración por las posibles indemnizaciones derivadas del 'caso Scala'.
Cardona, asistido por el letrado Josep Zaforteza, negó ante el magistrado todas las acusaciones referidas a presuntas irregularidades cometidas en el Centre de Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB), organismo que dependía de la Conselleria de la que él era titular y que se encargaba de la promoción de empresas de Balears en el exterior.
En concreto, Josep Juan Cadona fue taxativo en negar todas las acusaciones que había vertido contra él Felip Ferré, ex concejal del PP de Lloseta y empresario suministrador de productos gastronómicos en las promociones internacionales del CDEIB.
Ferré, que poco antes había declarado antes ante el instructor del 'caso Scala', aseguró que «Cardona daba las órdenes de todo». Este imputado se negó a responder a las preguntas de la defensa del ex conseller.
Delito electoral
«Sólo coincidí con Ferré en los viajes a China y en Palma en dos ocasiones», puntualizó Cardona ante el juez, al que reiteró que «no tengo ninguna empresa con nadie, ni aparcamiento, ni tengo ninguna inversión en placas solares ni ha sido objeto de ningún chantaje con unas fotos tomadas en Shangai comprando unas telas en un mercado».
Respecto a la imputación de un presunto delito electoral -por financiarse con fondos del CDEIB folletos electorales del PP de Eivissa-, el ex conseller aseguró que «no encargué ningún trabajo de estas características a la Imprenta Bahía, se trataba de información referida a la labor desarrollada por la Conselleria».
A la sesión de ayer en el TSJB acudieron los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau, los cuales concluyeron tras escuchar las deposiciones que no se debían aplicar medidas cautelares de tipo penal contra Josep Juan Cardona, pero las contradicciones existentes entre los principales implicados en el 'caso Scala' -Antònia Ordinas, Kurt Viaene y Felipe Ferré- hacen que se considere «responsable» de las eventuales irregularidades en el CDEIB al ex conseller Cardona.
Para los fiscales, las indemnizaciones que podría exigir la Administración autonómica al ex conseller de Comerç i Indústria alcanzarían la cifra de 4,8 millones de euros.
Las acusaciones argumentaron la elevada caución solicitada para el ex conseller con la exposición razonada enviada al TSJB por la juez Piedad Marín para que se asumiera la causa. En ese escrito la juez concluyó que el ex conseller Cardona actuó «de común acuerdo» con la ex gerente del organismo, Antònia Ordinas, y el ex director general Kurt Viane para apoderarse de fondos. En el auto se pone de manifiesto que las declaraciones incriminatorias de Ordinas y del ex concejal popular de Lloseta Felipe Ferré son claves a la hora de establecer el «hilo conductor para conformar el relato de los supuestos actos punibles que pudiera haber realizado Cardona». La magistrada defiende que estas declaraciones «son congruentes y vienen corroboradas a este nivel indiciario y provisional por «multitud de otros datos incriminatorios».
Implicación
En el auto se enumeran hasta cuatro hechos en los que estaría implicado Cardona y que podrían constituir delitos de prevaricación, malversación de fondos, cohecho, fraude a la administración y negociaciones prohibidas. Para ello, se emplearon métodos como la adjudicación de contratos «sin observancia alguna de las normas del procedimiento» a empresas de su propiedad y a otras personas para que les pasaran un porcentaje.
Ayer, asimismo, el PP informó en un comunicado que decidirá el futuro de Cardona «cuando el juez resuelva la petición de la Fiscalía». Al mismo tiempo, los «populares» piden prudencia «mientras no se conozca el resultado de la resolución judicial y confirma que se actuará de acuerdo con los protocoloes establecidos», señala el comunicado oficial del PP.