Mañana es el Día D para el ex presidente del Govern Jaume Matas. Le esperan el juez instructor del 'caso Palma Arena' José Castro, los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach y los abogados personados en la causa. Matas no acudirá sólo a la cita judicial más esperada de los últimos años. Le acompañarán su esposa, Maite Areal, su cuñado, Fernando Areal y el ex presidente del Gesa Bartomeu Reus.
El magistrado y los fiscales han practicado decenas de diligencias e interrogado a numerosos imputados y testigos en los últimos meses. Todo ello, para tener una base de apoyo muy amplia cuando interroguen mañana al ex presidente Matas.
Si sus argumentos no son lo suficientemente convincentes, el Ministerio Público pedirá de inmediato medidas cautelares contra él, entre ellas, la retirada de su pasaporte. En ese supuesto, Matas no podría regresar a su lugar de residencia habitual en Estados Unidos.
Fianzas elevadas
También es probable que los fiscale soliciten al juez que imponga una elevada fianza penal al ex presidente para eludir la cárcel, y otra civil, también millonaria, para asegurar sus responsabilidades pecuniarias.
El juez preguntará a Matas por el sobrecoste del velódromo del Palma Arena, inaugurado a bombo y platillo poco antes de que finalizara su mandato en 2007. Su presupuesto inicial era de unos 46 millones de euros, y se disparó a los 110. También le interrogará por su supuesto enriquecimiento ilícito, cuestión que el magistrado unió a la causa principal tras unas diligencias previas abiertas por la Fiscalía Anticorrupción, y también, por la pieza que permaneció bajo secreta hasta la semana pasada sobre una supuesta financiación irregular del Partido Popular en las pasadas elecciones.
Dos abogados de gran prestigio defenderán al ex presidente: Rafael Perera, que coordinará la estrategia, y Manuel Ollé, especialista en crímenes de lesa humanidad y destacado defensor de los derechos humanos.
Hay mucha expectación por la declaración de Matas en sede judicial, primera de un ex presidente del Govern tras las realizadas por Gabriel Cañellas en el TSJB por el 'caso Túnel de Sóller'.